La cohesión economica y social en la CE, nuevas perspectivas (1)

En octubre del año pasado, la Comisión publicó los resultados de un importante estudio sobre las consecuencias económicas de la adopción de una moneda única y de la unión económica. Los autores de esta publicación, titulada Un mercado, una moneda, señalan que la moneda única es el complemento natural del mercado único europeo. De hecho, sostienen que la unión económica y monetaria (UEM) resulta fundamental para consolidar las ventajas derivadas de la realización del mercado interior. La eliminación de la incertidumbre, de la variabilidad del tipo de cambio y de los costes de las operaci...

En octubre del año pasado, la Comisión publicó los resultados de un importante estudio sobre las consecuencias económicas de la adopción de una moneda única y de la unión económica. Los autores de esta publicación, titulada Un mercado, una moneda, señalan que la moneda única es el complemento natural del mercado único europeo. De hecho, sostienen que la unión económica y monetaria (UEM) resulta fundamental para consolidar las ventajas derivadas de la realización del mercado interior. La eliminación de la incertidumbre, de la variabilidad del tipo de cambio y de los costes de las operaciones reducirá aún más las barreras comerciales entre los Estados miembros. Además, la Comunidad podrá construir la unión monetaria basándose en la estabilidad monetaria que se atribuye a sus países miembros menos inflacionistas, lo que facilitará la estabilidad de precios en la Comunidad.Desde el punto de vista de la cohesión, resulta evidente que toda mejora del clima económico general será bien recibida. La experiencia histórica enseña que resulta más fácil reducir las disparidades regionales en periodos de expansión económica general. Al aumentar el ritmo de crecimiento de la economía europea, la unión económica y monetaria podría contribuir de manera importante al establecimiento de condiciones dinámicas sin las cuales es poco probable que pueda mantenerse la convergencia.

Algunas de las principales ventajas de la unión europea y monetaria (UEM) revestirán especial importancia para los Estados miembros más débiles de la Comunidad. Actualmente, los costes de las operaciones de cambio son considerablemente mayores en Grecia y Portugal que en otros países comunitarios. La supresión de dichos costes, junto con la reducción de las primas por riesgo de cambio, eliminará una importante carga a las empresas griegas y portuguesas que deseen efectuar operaciones con otros Estados miembros. Asímismo, son los países comunitarios con las regiones más desfavorecidas los que están en condiciones de obtener más beneficios de la esperada convergencia de los tipos de interés y de la consiguiente reducción de los costes de capital.

Riesgos y cohesión

A su vez, desde el punto de vista de la cohesión, resulta evidente que la unión económica y monetaria no está exenta de riesgos.

Creo que es importante recordar a este respecto que no todos los Estados miembros están igualmente preparados para la unión económica y monetaria. Para que ésta tenga éxito es necesario que los resultados macroeconómicos de los países comunitarios alcancen un importante grado de convergencia: habrá que reducir los déficits presupuestarios hasta niveles sostenibles y la inflación tendrá que alcanzar las cotas predominantes en las economías más fuertes.

Algunos países miembros tienen que recorrer aún un largo camino antes de alcanzar el necesario nivel de convergencia. Esto es especialmente cierto en el caso de Grecia y Portugal, pero también en el de Italia, Irlanda y España.

Por consiguiente, algunos de estos Estados tendrán que soportar importantes costes de reajuste durante la transición a la UEM. Un ejemplo de los especiales problemas de reajuste con que se enfrentan los países comunitarios del Sur reside en los esfuerzos que cada uno de ellos tendrá que realizar para reducir los déficit presupuestarios hasta niveles sostenibles. De acuerdo con los estudios realizados por la Comisión, cuatro de los Estados miembros más débiles -Grecia, Portugal, Italia y España- tendrán que mejorar su equilibrio presupuestarlo básico para poder alcanzar niveles sostenibles a largo plazo. En el caso de Grecia, la reducción del déficit presupuestario que hay que realizar equivale a más del 10% de su producto interior bruto (PIB). En Italia y Portugal, esta cifra oscila entre el 3% y el 4%.

Es sumamente importante el modo en que los países comunitarios más débiles aborden el problema de la disciplina presupuestaria. Cabe el peligro de que se sientan tentados de reducir la inversión en lugar de otros tipos de gasto público.

Hay quienes sostienen que las transferencias fiscales a escala comunitaria no son necesarias siempre y cuando los Estados miembros mantengan un alto grado de autonomía fiscal. Creo que seguir este camino es peligroso. La autonomía fiscal podría dar lugar a una competencia en materia fiscal entre Estados miembros con objeto de atraer segmentos móviles de la base imponible, tales como sedes centrales de sociedades, activos financieros y personal muy cualificado. A largo plazo, una mayor competencia en materia fiscal podría llevar a una prestación insuficiente de bienes públicos, especialmerite cuando los efectos externos sean importantes. Una vez más, los países comunitarios del sur de la Comunidad resultan especialmente vulnerables al respecto. La mayor parte está ya fuertemente endeudada y tiene que dedicar una considerable proporción de los recursos públicos al servicio y liquidación de las deudas.

Competencia fiscal

Como consecuencia, los bienes y servicios públicos que se ofrecen en esas regiones en relación con el nivel de impuestos son relativamente bajos. Todo ello podría inducir a los agentes económicos a emigrar y a negarse a reconocer las deudas contraídas por las generaciones precedentes. Resulta obvio que la competencia en materia fiscal se añadiría a las cargas presupuestarlas que he mencionado anteriormente y que los Estados miembros con las regiones más desfavorecidas tendrían aún más dificultades para mantener los niveles relativamente elevados de inversión pública necesarios para ponerse al día.

Aparte de los problemas vinculados a la convergencia presupuestaria, la supresión del mecanismo de tipo de cambio nominal que lleva emparejada la UEM es indudablemente el factor de riesgo más importante.

Por otro lado, puede afirmarse que algunas economías de la periferia de nuestra Comunidad se hallan en un estado de perturbación permanente, ya que la competitividad nacional está sometida a un proceso de erosión continúa debida al aumento del coste unitario de la mano de obra y al bajo crecimiento de la productividad.

Resulta evidente que la unión económica y monetaria no garantizará por sí sola una convergencia más rápida de los niveles de vida en la Comunidad. Es más, la UEM entrañará el peligro de lo contrario para las regiones menos desarrolladas.

La preocupación que produce la UEM ha aumentado en los últimos meses como consecuencia de lo que ha sucedido en Alemania. El proceso de unificación, que en un momento determinado parecía que podría desarrollarse suavemente, ha demostrado ser bastante más problemático.

Estos peligros se recogen en el Informe Delors sobre la unión económica y monetaria. Sus autores señalan que, a menos que se adopten medidas compensatorias, los cambios que supone la integración plena en la unión económica y monetaria podrían dañar a las regiones y países miembros menos favorecidos de la Comunidad.

El documento de la Comisión sobre la UEM va más lejos, y reconoce que podrían presentarse problemas no sólo en el periodo de transición a la UEM, sino también a largo plazo.

En tales circunstancias, las políticas estructurales, y en particular la política regional de la Comunidad, tienen que ser algo mas que un servicio de urgencia al que se recurre para socorrer a las víctimas de la integración.

Unicamente lograremos llevar a término nuestra empresa combinando los esfuerzos de las instituciones comunitarias, de todos los Estados miembros y de las propias regiones.

es director general de Política Regional de la Comisión de las Comunidades Europeas.