Drogodependientes

Con toda razón, el editorial de EL PAÍS del 27 de enero de 1991 (Riesgos y riesgos) apoya la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid de recurrir la polémica sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido el cierre de uno de los escasos centros madrileños de atención a drogodependientes (CAD).Pero con la misma razón hay que recordar que hace tan sólo dos años fue el propio Ayuntamiento de Madrid (si bien con el anterior equipo de gobierno, también con la anuencia de los partidos hoy gobernantes) el que antes de fallarse judicialmente una de...

Con toda razón, el editorial de EL PAÍS del 27 de enero de 1991 (Riesgos y riesgos) apoya la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid de recurrir la polémica sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido el cierre de uno de los escasos centros madrileños de atención a drogodependientes (CAD).Pero con la misma razón hay que recordar que hace tan sólo dos años fue el propio Ayuntamiento de Madrid (si bien con el anterior equipo de gobierno, también con la anuencia de los partidos hoy gobernantes) el que antes de fallarse judicialmente una denuncia semejante contra el ya totalmente instalado CAD de Chamartín (con un coste de 100 millones de pesetas):se apresuró a renunciar al proyecto de talleres asistidos, para ceder gratuitamente los locales a la Fundación de Ayuda a la Drogodependencia (FAD), para improvisar un centro de documentación que, evidentemente, se podía poner en otro local equipado al efecto, sin necesidad de desmontar (destruir) los talleres que ni siquiera fueron estrenados.

Una cesión que se realizó a pesar de la campaña en pro del CAD de una coordinadora de movimientos sociales de la zona (integrada por Madres Unidas Contra la Droga, asociaciones de vecinos, asociaciones de jóvenes, asociaciones de padres de alumnos, Cáritas Española, comunidades religiosas, etcétera) y que demuestra que sin una defensa absolutamente decidida de los CAD por parte de los órganos del Estado y de todas las instancias sociales, sigue siendo inviable una política real de asistencia a los drogodependientes.-

presidenta de la Asociación de Vecinos de Prosperidad.