La Comunidad Europa exige a los astilleros españoles que realicen auditorías semestrales en 1991 y 1992

La Comisión Europea ha exigido al Ministerio de Industria español que se realicen auditorías semestrales en los astilleros de Puerto Real (Cádiz), Sevilla y Sestao (Vizcaya) como garantía para conceder una prórroga de un año (hasta final de 1991) para continuar con las ayudas al sector naval. La medida, que se confirmará el próximo lunes 26 de noviembre en el Consejo de Ministros de Industria de la CE, contempla la reducción de la plantilla en un número de hasta 2.000 trabajadores.

La realización de auditorías, dirigida a los astilleros en peor situación, es una forma, por parte de las ...

La Comisión Europea ha exigido al Ministerio de Industria español que se realicen auditorías semestrales en los astilleros de Puerto Real (Cádiz), Sevilla y Sestao (Vizcaya) como garantía para conceder una prórroga de un año (hasta final de 1991) para continuar con las ayudas al sector naval. La medida, que se confirmará el próximo lunes 26 de noviembre en el Consejo de Ministros de Industria de la CE, contempla la reducción de la plantilla en un número de hasta 2.000 trabajadores.

La realización de auditorías, dirigida a los astilleros en peor situación, es una forma, por parte de las autoridades de la CE, de controlar los planes de inversión, la productividad y la reducción de empleo a los que se ha comprometido el Gobierno español en su solicitud de prórroga. Las auditorías se realizarán cada semestre durante los dos próximos años, con lo que ya se introducen en el periodo de la Séptima Directiva para el sector naval que para toda la CE -incluida España- comienza en 1991, a excepción de lo referente al capítulo de ayudas para cubrir pérdidas.La concesión de un año de prórroga en lugar de los dos solicitados se debe, según fuentes ministeriales, a que el propio ministerio presentó en su documentación que los astilleros están en condiciones de obtener beneficios globales en 1992.

La CE, por otra parte, pidió, antes de tomar una decisión sobre la solicitud española, información sobre la situación en que se encontraban los astilleros y sobre las necesidades de recortar las plantillas esgrimidas por Industria. En ese sentido, llegó a insinuar que se cerrase uno de los grandes astilleros, ya que dan empleo a unos 2.000 empleados, cifra en que se concreta la reducción.

Contexto internacional

Por otra parte, tal como han criticado representantes del sindicato Comisiones Obreras, las medidas que se pretenden para los astilleros españoles hay que enmarcarlas en un contexto más internacional "ya que Alemania ha pedido ayudas para los astilleros de la antigua República Democrática, donde existen 35.000 trabajadores y se prevén muchos excedentes". Esta situación que provoca la incorporación de los astilleros germano orientales puede generar, según las fuentes sindicales, agravios comparativos y replantear algunos conceptos sobre la concesión de ayudas.

La solicitud de ampliación del periodo transitorio para adaptarse al resto de países de la Comunidad Europea supuso la reacción inmediata por parte de los sindicatos, que originaron sendas reuniones con el director general de Industria, Mariano Casado, y del propio ministro de Industria, Claudio Aranzadi, antes del verano. Los sindicatos se han opuesto, desde entonces, a la reducción de plantilla planteada por la Administración y solicitaron que se adoptasen medidas globales que contemplaran complementariedades en inversiones y modernización de las factorías.

Industria, presionada por los plazos, presentó su programa de actuación a Bruselas basado en las directrices negociadas con los sindicatos sin haber llegado a un acuerdo con éstos. El departamento mantiene que existen muy pocas posibilidades de que la medida afecte a menos personal de los 2.000 anunciados. No obstante, se ha comprometido a realizar inversiones en ayudas y en la consecución de rentabilidad, que, precisamente, serán las que tenga bajo control la Comunidad con las auditorías exigidas.

El sector naval español ha sufrido una dura reconversión durante la década de los ochenta. Dicha reconversión tuvo que adaptarse a la normativa comunitaria a partir de 1986, cuando España entró en la CE.