Catástrofe

LA REVISIÓN de los valores catastrales está provocando desasosiego entre los casi trece millones de ciudadanos que estos días reciben las notificaciones de la nueva valoración de sus bienes, muchos de los cuales ya miran a la Hacienda pública con creciente sospecha. En algunos casos, los valores de los inmuebles se han multiplicando por seis, lo que potencia los sobresaltos por su impacto en todos los impuestos implicados: impuesto sobre los bienes inmuebles (antigua contribución urbana), sobre la renta y extraordinario sobre el patrimonio.La Administración ha asegurado en varias ocasiones que...

LA REVISIÓN de los valores catastrales está provocando desasosiego entre los casi trece millones de ciudadanos que estos días reciben las notificaciones de la nueva valoración de sus bienes, muchos de los cuales ya miran a la Hacienda pública con creciente sospecha. En algunos casos, los valores de los inmuebles se han multiplicando por seis, lo que potencia los sobresaltos por su impacto en todos los impuestos implicados: impuesto sobre los bienes inmuebles (antigua contribución urbana), sobre la renta y extraordinario sobre el patrimonio.La Administración ha asegurado en varias ocasiones que no hay que confundir la revisión catastral con la fiscalidad, y matiza que el motivo de la revisión es contar con un conocimiento lo más preciso posible de la realidad inmobiliaria para facilitar el proceso de modernización económica. Sin embargo, esta dimensión puramente técnica se contradice con otros argumentos insistentemente reiterados por la Administración para justificar la revisión, al señalar que uno de los objetivos buscados es actualizar el valor real de los inmuebles para una mayor justicia distributiva. Ello revela explícitamente, como no podía ser de otra forma, que catastro e impuestos están estrechamente relacionados.

Por tanto, cualquier análisis de esta reforma debe hacerse desde esta doble perspectiva: modernización técnica de unos datos que son básicos para la planificación económica y el conocimiento de la realidad social e impacto en el sistema tributario de este país. Desde el punto de vista de la modernización estadística no hay duda de que se trata de una contribución importante, aumentándose notablemente la seguridad jurídica. Todas las personas afectadas por alguna transacción inmobiliaria tendrán ahora un útil punto de referencia sobre el valor real de los bienes transferidos, lo que supondrá reducir las posibilidades especulativas y fraudulentas.

En relación con la fiscalidad ya es harina de otro costal. Su aspecto positivo es que el nuevo catastro ha descubierto seis millones de inmuebles desconocidos por la contabilidad nacional y, por tanto, al margen de la legalidad fiscal. Pero junto a estas indudables ventajas, la revisión catastral supondrá también un incremento de la fiscalidad imprevisto por muchos ciudadanos, que no son en absoluto responsables de las irregularidades en el valor real de sus bienes. La causa, en todo caso, corresponde a la deficiente labor valorativa empleada por la Administración.

El más elemental sentido común exigía que la adecuación entre el valor antiguo y el actual se debía haber hecho de forma progresiva y en un plazo de tiempo prudente. Sacralizar el valor del mercado en un país que ha vivido la mayor especulación inmobiliaria de Europa es más que discutible. El propósito de adecuar los valores catastrales al 70% del valor del mercado sigue siendo arriesgado. Muchos expertos vaticinan estos días una baja de los precios, lo que en algunos casos puede suponer que el nuevo valor catastral supere al del mercado, con lo que el desaguisado sería mayúsculo. Un nuevo argumento para lamentar el ímpetu administrativo por imponer las nuevas valoraciones.

No hay que olvidar que el aumento de los valores supondrá para muchos ciudadanos la obligatoriedad de efectuar declaración de patrimonio cuando su situación económica personal es la de un jubilado o trabajador que posee un bien situado en una zona de alta especulación inmobiliaria. Resulta poco justificado el que el impuesto sobre los bienes inmuebles dependa de la evolución de los precios del mercado y no del aumento del coste de los servicios municipales. Lo mismo ocurre con el impuesto sobre la renta, ya que, a pesar de la rebaja de tipos anunciada, la tributación se encarecerá de golpe para muchos contribuyentes cuyo aumento de renta es sólo teórico, ya que sus ingresos siguen siendo los mismos. Un alto cargo de la Administración señaló, desafortunadamente, que en el peor de los casos se podría vender el inmueble. Más parece una recomendación de agente inmobiliario que la de un divulgador de las excelencias impositivas.