Editorial:

Síntomas preocupantes

LA APARICIÓN de algunos indicadores y la comparecencia pública de diversos responsables de la política económica y monetaria han hecho hincapié durante esta semana en la sintomatología fundamental de la economía española: desaceleración de su ritmo de crecimiento y persistencia de los desequilibrios básicos. A las cifras del paro registrado durante octubre sucedieron el índice de precios al consumo (IPC) y los datos correspondientes al aumento de líquidez; la publicación del informe sobre la economía española correspondiente al tercer trimestre de este año, del Servicio de Estudios del Banco d...

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LA APARICIÓN de algunos indicadores y la comparecencia pública de diversos responsables de la política económica y monetaria han hecho hincapié durante esta semana en la sintomatología fundamental de la economía española: desaceleración de su ritmo de crecimiento y persistencia de los desequilibrios básicos. A las cifras del paro registrado durante octubre sucedieron el índice de precios al consumo (IPC) y los datos correspondientes al aumento de líquidez; la publicación del informe sobre la economía española correspondiente al tercer trimestre de este año, del Servicio de Estudios del Banco de España, y la presentación de los resultados empresariales en 1989, derivados de la Central de Balances. Todos estos datos han servido para subrayar esa preocupante asociación del débil pulso de la economía con las tensiones inflacionistas y alertar sobre los peligros derivados de su mantenimiento durante los próximos meses.Las evidencias de la moderación en el crecimiento de la demanda interna -en especial de la inversión- anteriores al inicio de la crisis del golfo Pérsico han sido reforzadas a partir de entonces, sin que sus efectos sobre las variaciones en precios haya sido lo favorable que se pretendía. Los modestos registros del IPC previos a la completa asimilación del aumento en el precio del petróleo ponían de manifiesto la resistencia a la baja de algunos capítulos crónicamente inflacionistas -en especial los vinculados al sector de servicios- que nuevamente en octubre han contribuido decisivamente a ese aumento del IPC en el 0,9%, situando la correpondiente tasa interanual en el 7%. La incidencia específica de la huelga de transportes durante ese mes, causante del fuerte incremento en los precios de los alimentos no elaborados (2,1%), y el impacto del incremento en gasolinas y carburantes habrían impedido una variación en ese índice equivalente a la del mes anterior. De hecho, la denominada inflación subyacente (sin energía ni alimentos sin elaborar) ha registrado un descenso de su crecimiento en ese mes que la sitúa en términos interanuales en el 6,4%.

La coexistencia de esas tensiones alcistas en los precios con los síntomas de menor actividad de la economía, de los que el aumento en el paro registrado es y será una de las más expresivas y preocupantes consecuencias, dificulta las acciones de política económica. La limitada capacidad de maniobra de que hoy dispone la política monetaria para defender el objetivo de estabilidad de los precios apenas encontrará un relevo significativo en las reducciones del gasto público asumidas en los presupuetos para el próximo año. Por otra parte, la posibilidad de mantener un ritmo aceptable de crecimiento de la economía está seriamente condicionada no sólo por esas restricciones monetarias y crediticias, sino también por la tendencia decreciente de los excedentes empresariales y las adversas expectativas sobre los mismos ilustradas por el gobernador del Banco de España en la presentación de los resultados empresariales del pasado año.

Todo indica, por tanto, que el horizonte al que se enfrenta la economía española está amenazado por esa fatal combinación de menor crecimiento y mantenimiento de la inflación, de la que no será fácil escapar sin una contención del conjunto de las rentas. Si con anterioridad a la emergencia de la crisis energética era aconsejable la concreción de un acuerdo global entre los agentes sociales y el Gobierno destinado a afrontar esa nueva etapa de integración de la economía española en Europa constituida por el mercado único, en las condiciones actuales, esa concertación es indudablemente más necesaria. La dificultad para evitar los costes del ajuste ya iniciado no debe eximir de los esfuerzos para conseguir una razonable distribución de los mismos.

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