Una investigación parlamentaria obliga a realizar una auditoría del Gobierno cántabro
La Asamblea Regional de Cantabria adjudicará, en el plazo de 15 días, la contratación de una auditoría para investigar las cuentas del Gobierno regional, a través de un estudio acerca de las actividades de la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuestos. En el mes de junio pasado la Asamblea Regional, con los votos en contra del grupo Popular, aprobó la creación de una comisión de investigación sobre la actuación económica del Gobierno cántabro.
La comisión de investigación se creó en base a la existencia de cuantiosos datos relativos al endeudamiento de la Administración region...
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La Asamblea Regional de Cantabria adjudicará, en el plazo de 15 días, la contratación de una auditoría para investigar las cuentas del Gobierno regional, a través de un estudio acerca de las actividades de la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuestos. En el mes de junio pasado la Asamblea Regional, con los votos en contra del grupo Popular, aprobó la creación de una comisión de investigación sobre la actuación económica del Gobierno cántabro.
La comisión de investigación se creó en base a la existencia de cuantiosos datos relativos al endeudamiento de la Administración regional. El presidente del Consejo de Gobierno, Juan Hormaechea, calculó ayer el endeudamiento en 25.000 millones de pesetas, mientras la oposición habla de 50.000 millones. Algunas de las actividades investigadas ha sido la colocación de puntas de tesorería, los abonos por acopio de materiales y la contratación de un crédito de 4.000 millones de pesetas para Cantur, sociedad de carácter público que explota las instalaciones turísticas de Cantabria. Entre otras cuestiones, los auditores deberán informar sobre los créditos concertados por la Diputación y los expedientes de algunas de las obras más costosas llevadas a cabo en los últimos tres años: el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Palacio de Festivales de Santander y el hospital de Liencres. El informe estudiará también los justificantes de todos los viajes y gastos realizados por todos los consejeros y el propio presidente del Consejo de Gobierno. La auditoría costará más de tres millones de pesetas.