Más que un error

LA FRAGATA y las dos corbetas españolas llevan tres días navegando por el Mediterráneo. Y, sin embargo, el Gobierno parece aún empeñado -como se reflejó ayer en la diputación de las Cortes- en retrasar la hora en que tendrá que comparecer ante los representantes parlamentarios para dar una explicación completa de una decisión de primera importancia y que ha causado tanto desconcierto en la opinión pública. Desconcierto explicable tanto por una coyuntura internacional cargada de amenazas como por lo novedoso de una presencia española en operaciones navales conjuntas en zonas lejanas a nuestro t...

LA FRAGATA y las dos corbetas españolas llevan tres días navegando por el Mediterráneo. Y, sin embargo, el Gobierno parece aún empeñado -como se reflejó ayer en la diputación de las Cortes- en retrasar la hora en que tendrá que comparecer ante los representantes parlamentarios para dar una explicación completa de una decisión de primera importancia y que ha causado tanto desconcierto en la opinión pública. Desconcierto explicable tanto por una coyuntura internacional cargada de amenazas como por lo novedoso de una presencia española en operaciones navales conjuntas en zonas lejanas a nuestro territorio. Al dar la sensación de que rehúye una explicación parlamentaria de un problema tan candente, el Gobierno tira piedras sobre su tejado.La actitud del Gobierno ante la agresión iraquí ha sido sustancialmente correcta. España ha estado a la altura de su papel internacional, aplicando las resoluciones de la ONU. Y, en un momento dado, ha aportado tres barcos, junto a otros países europeos, para dar efectividad al control estricto del embargo dictado por el Consejo de Seguridad. Pero la decisión de enviar los barcos no podía dejar de sembrar dudas en amplios sectores de la opinión pública. Lo peor que podía hacer el Gobierno era dar la impresión de que se sentía cohibido. Cuando se toma una decisión así, hay que hacerlo con una reunión plenaria del Gobierno y con la solemnidad propia de una opción que compromete intereses de. Estado. Ese procedimiento defectuoso ha estimulado la aparición de comentarios centrados en aspectos secundarios, olvidando que la defensa del orden jurídico internacional, que la ONU encarna, es una obligación que España debe asumir, aunque cueste sacudir ciertas rutinas mentales.

¿Obligaba la Constitución al Gobierno a obtener un voto del Congreso antes de enviar los barcos? ¿Han recibido los dirigentes de los partidos una información suficiente del Ejecutivo? No son ésos los temas en cuestión. Aun admitiendo la validez de las razones del Gobierno en esos puntos, queda en pie lo esencial: Felipe González ha cometido un serio error político -quizá porque la crisis del Golfo vino a perturbar una reflexión centrada en otros menesteres- al no considerar que la decisión del envío de los barcos necesitaba una explicación política al más alto nivel, es decir, dada por él mismo y ante el Parlamento. Al errar en el procedimiento" el Gobierno ha reforzado el argumento de sus adversarios, en el sentido de que España actúa por presiones externas.

El Gobierno no puede desconocer que existen sectores de la opinión española particularmente sensibles a la idea de que nuestra política exterior está mediatizada por lo que se decide en Washington. Sin embargo, en este caso, un argumento esencial para el envío de los barcos consiste precisamente en que el respaldo a la decisiones de la ONU en el Golfo no debe ser exclusivamente norteamericano. En la medida en que los países europeos estén presentes, habrá mayor peso para que las soluciones finales de la crisis tengan en cuenta no sólo los objetivos de EE UU, sino una concepción europea más flexible, más abierta a la colaboración de los países árabes, más propensa a soluciones políticas, por supuesto, sobre la base de la exigencia de la ONU de la retirada de Irak de Kuwait.

Ya que hacemos lo posible por ser europeos en todos los terrenos, ¿por qué somos diferentes cuando se trata de aplicar los métodos de un gobierno parlamentario? Francia, Italia, Alemania Occidental han tenido reuniones del Parlamento -convocadas especialmente por los respectivos primeros ministros- sobre la crisis del Golfo. En cambio, en España, sólo cuando se reanuden las sesiones ordinarias "no se descarta que hable el presidente". Con esa actitud mezquina, el ministro Virgilio Zapatero se ha opuesto en la comisión permanente a una propuesta de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, cuya aceptación sólo beneficios hubiese reportado al prestigio del Gobierno.