Espionaje telefónico

COMO UN Guadiana, el espionaje telefónico aparece y desaparece desde hace varios años en los entresijos de la vida política y social española sin que, a la postre, se conozca con exactitud la amplitud del fenómeno. Ahora, la sospecha de la escucha telefónica ilegal ha vuelto a tomar cuerpo en el propio terreno reservado a la justicia. El grupo de Policía Judicial de la Audiencia de Sevilla, dedicado preferentemente a la investigación del caso Juan Guerra bajo las órdenes del juez Márquez Romero, ha denunciado las presuntas manipulaciones del teléfono de sus dependencias en la sede de los juzga...

COMO UN Guadiana, el espionaje telefónico aparece y desaparece desde hace varios años en los entresijos de la vida política y social española sin que, a la postre, se conozca con exactitud la amplitud del fenómeno. Ahora, la sospecha de la escucha telefónica ilegal ha vuelto a tomar cuerpo en el propio terreno reservado a la justicia. El grupo de Policía Judicial de la Audiencia de Sevilla, dedicado preferentemente a la investigación del caso Juan Guerra bajo las órdenes del juez Márquez Romero, ha denunciado las presuntas manipulaciones del teléfono de sus dependencias en la sede de los juzgados sevillanos. El asunto es "inquietante e indignante", como ha denunciado el juez decano de Sevilla, y exige que se investigue a fondo y se siga el rastro que lleva hasta los presuntos manipuladores.Las sospechas sobre la intervención flegal de las comunicaciones no deben rechazarse sin más, atribuyéndolas al delirio o a las ganas de darse importancia de los supuestos vigilados. Sin duda que han podido darse casos de denuncia movidos por este tipo de motivaciones, pero en estos años han aparecido demasiados indicios -y algunos casos probados- que apuntan a la proliferación de personas físicas o jurídicas que, con los medios que la tecnología moderna proporciona, se dedican impunemente a violar la intimidad de determinados ciudadanos, a controlar la actividad de sus oponentes políticos y de sus rivales profesionales o económicos o a saber de antemano la orientación de determinadas investigaciones en curso.

Desde el Gobierno se ha intentado poner freno a esa sucia tarea acabando con las lagunas legales que la facilitaban. En 1984 se introdujo en el Código Penal el delito específico de escuchas telefónicas ilegales y posteriormente se clarificó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal el marco legal en que es posible, con la debida autorización judicial, levantar el secreto constitucionalmente protegido de las comunicaciones telefónicas en averiguación del delito. Pero ello no basta.

La responsabilidad del Ejecutivo incluye también que sus servicios observen escrupulosamente la legalidad y se extiende a garantizar su respeto por cualquier otra persona, física o jurídica, que intente violarla. Sólo así podrá acabarse con la difusa sensación que a veces se tiene, magnificada interesadamente en ciertos casos, de que son muchos los que se dedican a escuchar a muchos en este país.