Hacienda rebajará los tipos de gravamen del IRPF hasta situar el máximo en el 50% en 1993

La nueva ley del impuesto sobre la renta que elabora el Gobierno rebajará paulatinamente la actual tarifa del impuesto en un doble sentido. Por una parte, el tipo máximo, ahora en el 56%, se situará en el 50% en 1993, y por otra, este gravamen más alto, que actualmente se aplica a partir de las rentas superiores a 8,2 millones de pesetas, sólo será efectivo a partir de ingresos superiores a 10 millones de pesetas para las declaraciones individuales y de 14 millones para las conjuntas. La adaptación está prevista en una de las disposiciones adicionales del anteproyecto del IRPF. El objetivo de ...

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La nueva ley del impuesto sobre la renta que elabora el Gobierno rebajará paulatinamente la actual tarifa del impuesto en un doble sentido. Por una parte, el tipo máximo, ahora en el 56%, se situará en el 50% en 1993, y por otra, este gravamen más alto, que actualmente se aplica a partir de las rentas superiores a 8,2 millones de pesetas, sólo será efectivo a partir de ingresos superiores a 10 millones de pesetas para las declaraciones individuales y de 14 millones para las conjuntas. La adaptación está prevista en una de las disposiciones adicionales del anteproyecto del IRPF. El objetivo de este cambio gradual es trasladar las mejoras de recaudación en la lucha contra el fraude hacia una minoración de la tarifa del IRPF.

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El secretario de Estado de Hacienda comunicó ayer a las centrales sindicales, como hizo con las comunidades autónomas el lunes, que la tarifa definitiva del nuevo IRPF se aplicará en la renta obtenida en 1993, y hasta entonces los ajustes serán graduales. La tarifa final es la propuesta IV del libro blanco, que supone un mayor coste en términos de recaudación de las cinco contempladas. Ésta experiencia de adaptación gradual ya se realizó en la República Federal de Alemania en su última reforma fiscal y no supuso ningún problema práctico.El objetivo de esta adaptación gradual es, por un lado, evitar problemas de recaudación ya que uno de los pilares de la reforma fiscal, la modificación del sistema de estimación objetiva para los pequeños empresarios, no entrará en vigor hasta dentro de unos años. La afloración de bases imponibles que Hacienda espera conseguir con esta reforma no se producirá, por tanto, de inmediato. En segundo lugar, se de los tipos de la tarifa, incluido el máximo, pretende que "los resultados de la lucha contra el fraude reviertan a favor de los contribuyentes por la vía de una disminución de la tarifa", según Borrell.

Comisiones Obreras y UGT criticaron esta adaptación de la tarifa ya que, en su opinión, "lo que propone el Gobierno es reducir la progresividad del impuesto y no hay ninguna garantía de que al disminuir los tipos marginales vaya a minorarse el fraude". La conexión entre la progresividad formal y real es también, a juicio de las centrales, "una falacia, pues la mejor forma de garantizar la progresividad real es manteniendo también la formal".

Los sindicatos propusieron aumentar las deducciones a las rentas del trabajo. Las centrales defienden que la cuota líquida sea cero para las rentas del trabajo inferiores al millón de pesetas, lo que ya recoge el proyecto.

La centrales piden también elevar los gastos deducibles para las rentas del trabajo desde el 2% actual hasta el 10% con un tope máximo de 250.000 pesetas. El anteproyecto prevé subirlos hasta el 5% con un tope máximo de 300.000 pesetas. La diferencia entre las dos propuestas, según Borrell, es que la segunda es el doble de cara en términos de recaudación. La medida que defienden las centrales beneficia mucho a los trabajadores con menos de 2,5 millones de renta, mientras que el proyecto de IRPF es inferior, pero afecta a un mayor número.

Rentas del trabajo

La tercera propuesta de los sindicatos es elevar hasta 50.000 pesetas la deducción en la cuota por las rentas del trabajo que actualmente es de 22.700 pesetas. Subirlo costaría, según Borrell, unos 150.000 millones de pesetas, y si se intenta compensar con otro impuesto, habría que elevar, por ejemplo el IVA, en un punto.

Las propuestas fueron calificadas de "lógicas reivindicaciones" por José Borrell, para quien el problema es que "hay que tener cuidado con la recaudación, aunque algunos crean que esto es una ordinariez". José Borrell y el ministro de Economía, Carlos Solchaga, expusieron ayer al grupo parlamentario socialista las novedades de la reforma.

En el capítulo de las deducciones destaca la deducción de un 10% en los gastos de guardería para los menores de tres años cuando los dos cónyuges trabajen. También se adelanta a 65 años la edad para deducir en la cuota por ascendientes que convivan con la familia y se recuperan las deducciones por donaciones.

Plusvalías al 70% del tipo medio

Las plusvalías que se obtengan a medio plazo, que son las generadas por la venta de bienes que el contribuyente ha tenido durante más de 365 días, tributarán por debajo de su tipo imsitivo medio en su IRPF. En concreto, se aplicrá el 70% del tipo medio de la base imponible del contribuyente a la parte de la plusvalía que debe aplicarse ese año, y que es la que resulta de dividir la ganancia de capital total por el núrnero de años que que ha mantenido el bien en propiedad.Este sistema de tributación para las plusvalías tiene una excepción para evitar la baja tributación de los contribuyentes que declaran muy poca renta. La excepción consiste en aplicar ese 70% al tipo impositivo que resultaría de considerar que toda la renta del contribuyente en ese año la mitad de la plusvalía.

En general, para declarar las plusvalías obtenidas a medio plazo, a más de un año y posteriores a 1978, habrá que calcular cuál es el esquema que arroja una mayor deuda tributaria y ése será el aplicable.

Las plusvalías que se generen en un plazo inferior a 365 días se considerarán de corto plazo y, como tales, se sumarán a la renta obtenida por el contribuyente en ese año y tributarán a su tipo marginal.

Además de las ganancias de capital, la reforma introduce varias medidas a favor de las rentas del capital. En concreto, incluye un mínimo exento de entre 50.000 y 100.000 pesetas, amplía de 500.000 a 750.000 las deducciones en la base por aportaciones a fondos de pensiones e introduce un sistema de ahorro popular libre de impuestos. En el lado opuesto, reduce las ventajas fiscales a la compra de la segunda vivienda. Hasta ahora era posible deducir hasta 800.000 pesetas los intereses pagados por los créditos para la compra de una vivienda, fuera ésta la primera o no, y ahora la segunda tendrá un límite de 150.000 pesetas.

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