Paraisos públicos

LA DECISIÓN del grupo petrolero Repsol (controlado por el Instituto Nacional de Hidrocarburos) de agrupar todas sus participaciones extranjeras bajo el paraguas de un holding radicado en Holanda no debe ser pasada por alto.Se trata de algo más que un proyecto, ya que ha sido aprobado ya en el Consejo de Administración del grupo. Se trata de una idea a un tiempo explicable y discutible. Es explicable porque la pretensión de dar coherencia a las distintas participaciones del grupo en el extranjero conlleva un elemento de racionalidad técnica, como lo ilustra el hecho de que otros complejo...

LA DECISIÓN del grupo petrolero Repsol (controlado por el Instituto Nacional de Hidrocarburos) de agrupar todas sus participaciones extranjeras bajo el paraguas de un holding radicado en Holanda no debe ser pasada por alto.Se trata de algo más que un proyecto, ya que ha sido aprobado ya en el Consejo de Administración del grupo. Se trata de una idea a un tiempo explicable y discutible. Es explicable porque la pretensión de dar coherencia a las distintas participaciones del grupo en el extranjero conlleva un elemento de racionalidad técnica, como lo ilustra el hecho de que otros complejos petrolíferos de distintos países hayan instrumentado operaciones similares. Pero es también una idea susceptible de provocar polémica por cuanto el objetivo más claro de la operación consiste en acogerse al carácter de paraíso fiscal de los Países Bajos -concretamente, a la inexistencia de convenio de doble imposición- para pagar menos impuestos a la Hacienda española (del 35% sobre beneficios en España, al 5% con el nuevo régimen).

¿Hay realmente en este asunto piedra de escándalo? ¿Acaso significativos grupos privados, como Campofrío, o extranjeros, como la Kuwait Investment Office, no recurren a este mismo expediente? Efectivamente, recurren, pero Repsol no es una empresa privada ni tampoco el grupo público de un Estado semifeudal. Es una empresa formalmente privada pero de control público en cuanto a su accionariado y en cuanto a la misma filosofía de su creación, que respondía al designio de preservar los intereses colectivos en un sector económico altamente estratégico. Es bien cierto que las empresas públicas modernas deben ser competitivas, adecuarse al mercado, no disponer de más ventajas que las privadas y, en suma, no atenerse únicamente a su balance social sino a sus resultados económicos. Pero de estas dos consideraciones no se concluye de modo definitivo el que una empresa pública pueda actuar marginando determinados principios que debieran informar a todo el sector público; por ejemplo, cumplir como el que más ante la Hacienda española, la que justamente allega recursos para el sostenimiento de ese mismo sector público.

Desde este punto de vista, y aun reconociendo que resulta agradable y aun obligatorio para un buen gestor ahorrarse todos los impuestos que legalmente sea posible, hay que concluir que la conducta fiscal de un gigante empresarial público no debe asimilarse a la que cada vez siguen más algunos cantantes de música ligera o los campeones deportivos de élite.

La presencia de Repsol en Holanda por motivos fiscales supone una especie de ironía al Estado, a la coherencia ministerial, al sector privado y a los contribuyentes. Al Estado, porque se trata de una empresa bajo su control, a la coherencia ministerial, porque se aplica una transposición equívoca del principio evangélico según el cual la mano de Hacienda no debe conocer la actuación de la de Industria; a los empresarios privados que pagan su 35% de impuestos sobre beneficios, porque desde los sillones oficiales se les está llamando ingenuos; y a los contribuyentes en general, por el mismo motivo.

Pero hay algo más. Esta operación viene a ser como una privatización -de beneficios- por la puerta trasera. En la práctica supone que permanecerán en la empresa los recursos cuya transferencia, vía fiscal, al erario público (al sector público y al bienestar social) se elude. Si ésta fuese la política general del Gobierno sobre la empresa pública para el futuro -siempre respetando el grado de autonomía de Repsol-, debiera haber provocado un debate previo y no haberse conocido por la vía de los hechos consumados.

Lo que hay que lamentar entonces es la ausencia de desarrollo y explicación de la estrategia de las empresas públicas por parte del Gobierno en una propuesta global y articulada, para evitar sorpresas como la citada en este caso. Aunque a lo mejor, en ausencia de una política gubernamental explícita, haya que recurrir a los planes del partido que le da sustento: en su Programa 2000, el PSOE indica que el objetivo es lograr "la igualdad real de las reglas de juego para las empresas públicas y privadas". ¿Adaptando las leyes fiscales españolas a las nuevas situaciones que plantea la incrementada competencia comunitaria? ¿0 bien dándoles a todas billete de urgencia hacia los paraísosfiscales?