El Tesoro aplaza el pago a las empresas constructoras de las certificaciones de obra pública

Las advertencias que el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, hizo a los sectores empresariales -refiriéndose al de la construcción- para que firmaran convenios colectivos con revisiones salariales por encima del 7,5% han empezado a concretarse en un retraso en el pago de las certificaciones y en una fuerte presión que ha obligado a que las empresas redujeran los precios de las licitaciones de las obras públicas. Dentro de unas semanas, la Administración revisará los precios oficiales y se espera que rebaje algo el peso que en éstos tiene la mano de obra.

Las asociaciones de...

Las advertencias que el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, hizo a los sectores empresariales -refiriéndose al de la construcción- para que firmaran convenios colectivos con revisiones salariales por encima del 7,5% han empezado a concretarse en un retraso en el pago de las certificaciones y en una fuerte presión que ha obligado a que las empresas redujeran los precios de las licitaciones de las obras públicas. Dentro de unas semanas, la Administración revisará los precios oficiales y se espera que rebaje algo el peso que en éstos tiene la mano de obra.

Las asociaciones de grandes empresas de la construcción, que tienen como uno de sus principales clientes a la Administración, se han quejado recientemente de que el Tesoro Público haya empezado a retrasar el pago de las certificaciones de la obra ya realizada. Para estas empresas no recibir el dinero en el plazo previsto supone al menos un encarecimiento de sus gastos financieros y en algunos casos unos menores ingresos porque no pueden obtener rendimientos por la utilización de su liquidez.La medida se interpreta, tanto en medios de la Administración como de las empresas como la primera materialización del anuncio del ministro de Economía, en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, de que el Gobierno trataría de encontrar una "fórmula para lograr que todos nos podamos beneficiar de los aumentos de productividad que parece tener ese sector". Esta afirmación la hizo poco días después de que el sector ele la construcción firmara el convenio colectivo con una revisión salarial del 8,5%, porcentaje que consideraba como incompatible, de generalizarse, con el objetivo de inflación establecido por el Gobierno.La patronal del sector argumentó en el momento de la firma del convenio que la desviación entre el tope máximo recomendado por la cúpula empresarial CEOE y el 8,5% firmado se podía absorber fácilmente por el elevado aumento de la productividad del sector. Por ello Solchaga añadió que "si era cierto que está teniendo lugar un aumento tan importante de la productividad", no sólo debía repartirse entre empresarios y trabajadores.

Reparto de productividad

El retraso en el pago de las certificaciones ha sido una de las actuaciones que se han decidido para "lograr un reparto más equitativo de la productividad" señalaban en fuentes cercanas a la Administración, porque, justificaban, "el Tesoro logra ahorros de cierta importancia en sus necesidades financieras si se deja correr el tiempo".No ha sido ésta la única decisión que se ha tomado. En las últimas semanas el Consejo de Ministros ha decidido adjudicar la mayor parte de los tramos de proyecto y construcción de autovías que quedaban pendientes en el plan elaborado por el Ministerio de Obras Públicas. El modelo de adjudicación ha sido relativamente nuevo, ya que se trataba, en cierta forma, de un concurso restringido llave en mano. Las empresas habían realizado unas ofertas iniciales cuyo precio se consideró excesivo por parte de la Administración, y después de largas negociaciones que imposibilitaron la adjudicación en el plazo previsto las empresas aceptaron reducciones en el precio de adjudicación que oscilan entre el 10% y el 20% sobre el inicialmente ofertado.

"El ahorro conseguido ha sido muy importante", según fuentes de la Administración, aunque en algunos casos se explica que las empresas privadas hicieran ofertas tan elevadas, ya que se trataba de un tipo de concurso nuevo en el que el precio final no sufrirá modificaciones. En medios cercanos a las empresas de la construcción se señala que el convenio firmado no tiene por qué suponer un traslado importante de los costes laborales hacia los precios. En su opinión el aumento real de los salarios será del 8,1%, en lugar del 8,5%, ya que la antigüedad no ha sido aumentada.