Editorial:

Presunción de inocencia

SIEMPRE Es difícil que la garantía de presunción de inocencia satisfaga suficientemente al sujeto implicado en un proceso judicial. Esta figura de salvaguardia, sin embargo, es básica en el ordenamiento jurídico: consagra que todo ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y no al revés. Es decir, la responsabilidad de la prueba corre a cargo de la acusación, y no del acusado. Uno de los efectos más importantes de la presunción de inocencia tiene que ver con la existencia de la publicidad del proceso: como hay publicidad de la presunta implicación, se predica y se subraya que...

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SIEMPRE Es difícil que la garantía de presunción de inocencia satisfaga suficientemente al sujeto implicado en un proceso judicial. Esta figura de salvaguardia, sin embargo, es básica en el ordenamiento jurídico: consagra que todo ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y no al revés. Es decir, la responsabilidad de la prueba corre a cargo de la acusación, y no del acusado. Uno de los efectos más importantes de la presunción de inocencia tiene que ver con la existencia de la publicidad del proceso: como hay publicidad de la presunta implicación, se predica y se subraya que todo sujeto es; inocente por definición. Y en términos de equidad debe ser así, y este principio deben respetarlo todos, responsables públicos y medios de comunicación incluidos.Lluís Prenafeta, secretario general dimisionario de la Presidencia de la Generalitat y hombre de múltiples iniciativas y negocios privados, es inocente por principio, por mucho que un fiscal, un dirigente de un sindicato y 24 abogados hayan iniciado acciones tendentes a procesarle. Subrayarlo no es ocioso y es legítimo que lo haga el Gobierno al que pertenece, el de la Generalitat de Cataluña.

Pero no es aceptable que esta declaración se convierta en su contrario, hasta el punto de que para algunos dirigentes del partido de Prenafeta ya existe, aun sin juicio, un culpable: el fiscal que ha iniciado las actuaciones, sometido ahora a un grave juicio sin pruebas y descalificado sin contemplaciones. ¿El motivo? Por "manifiesta y obsesiva parcialidad" y por sus presuntas "ignorancia y menosprecio" hacia el Parlamento autónomo al haber interpretado la legislación de forma distinta a como lo hace el Ejecutivo catalán. No es casualidad que una de las acusaciones tenga que ver con la publicidad de los hechos. ¿Acaso se pretende eliminar absolutamente la publicidad propia de toda instrucción judicial, hasta llegar al auto de fe contra un profesional del derecho al que se considera incómodo, para evitar que la opinión pública conozca los motivos de la iniciativa fiscal?

De momento hay que esperar que las declaraciones de Convergéncia y del Gobierno que preside Jordi Pujol sobre el caso Prenafeta y sus anuncios de movilizaciones sean sólo fruto del nerviosismo o de la precipitación. Conviene que todos se rijan por la discreción política, la mesura verbal y el respeto institucional para que la justicia haga su trabajo con presteza, sin intromisiones entre los distintos poderes ni presiones antidemocráticas. En definitiva, medir por el mismo rasero, el de la civilizada presunción de inocencia, a propios y extraños.

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