El número inquisidor

LAS RAZONES esgrimidas por el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, en defensa de la decisión del Gobierno de marcar fiscalmente al ciudadano con un número de identificación informatizado -una especie de DNI a efectos tributarios- no son convincentes. Aunque el fin sea bueno, y sin duda lo es acabar con el fraude fiscal, ello no justifica el recurso a medios dudosamente constitucionales y carentes del suficiente soporte legal. Por encima de las intenciones, excelentes, la medida supone entregar al Estado un cheque en blanco frente a los derechos de los ciudadanos y constituye de hech...

LAS RAZONES esgrimidas por el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, en defensa de la decisión del Gobierno de marcar fiscalmente al ciudadano con un número de identificación informatizado -una especie de DNI a efectos tributarios- no son convincentes. Aunque el fin sea bueno, y sin duda lo es acabar con el fraude fiscal, ello no justifica el recurso a medios dudosamente constitucionales y carentes del suficiente soporte legal. Por encima de las intenciones, excelentes, la medida supone entregar al Estado un cheque en blanco frente a los derechos de los ciudadanos y constituye de hecho una nueva vuelta de tuerca en el proceso hacia su completo control.El uso de la informática tiene grandes ventajas, pero también profundos peligros. La propia Constitución Española advierte contra ellos, hasta el punto de exigir una ley "limitadora" de su uso. Esa ley, a la que se confiere, además, la importante condición de orgánica, no ha sido elaborada; pero el mismo Gobierno que no ha encontrado tiempo en casi ocho años para presentar un borrador pretende ahora, sin que exista una delimitación legal del uso de datos informáticos, introducir masivamente una tarjeta identificatoria.

Las buenas intenciones con las que pretende encubrirse el invento del número de identificación fiscal (NIF) no son capaces de romper el desequilibrio que tal medida produce entre los ciudadanos y el poder del Estado, que, con el auxilio informático, concentra prodigiosamente toda la información económica y fiscal sin detenerse en los límites constitucionalmente obligados de la vida privada y la intimidad personal.

La lucha contra el fraude fiscal, en aras de hacer efectivo un principio de tan acusada dimensión social como la distribución equitativa del sostenimiento de los gastos públicos, no justifica en una democracia la utilización de cualquier tipo de instrumentos para laconsecución de tal fin. Los medios legales que el Estado tiene para descubrir a los defraudadores fiscales están por encima de la organización y el personal con que cuenta el Ministerio de Hacienda para tal fin, por lo que no es de recibo que las debilidades instrumentales de un departamento ministerial sean suplidas con normas que obliguen a todos los ciudadanos -infractores y cumplidores- a facilitarle cuantas informaciones personales le venga en gana.

El nuevo número de identificación fiscal es, además, una contradicción flagrante en un Estado como el español, que necesita de conductas opacas -como los fondos reservados- para actuar, que generó el monopolio del dinero negro con los pagarés del Tesoro y que no tiene la misma voluntad política para controlar las finanzas de los partidos políticos, como acaba de reconocer paladinamente el Tribunal de Cuentas. La existencia de ciudadanos de cristal exige previamente la existencia de un Estado de cristal.