Bush pide pena de muerte para los 'narcos', aunque no hayan cometido delitos de sangre
El presidente de EE UU, George Bush, quiere que la pena de muerte pueda ser aplicada a los narcotraficantes sin necesidad de que éstos hayan cometido delitos de sangre. Esta petición presidencial es una de las nuevas medidas que Bush desea incorporar al plan nacional de lucha contra la droga. Sus peticiones las ha elevado al Congreso.
El presidente desea incrementar el presupuesto destinado a su programa militar de lucha contra el narcotráfico en un 50%, según trascendió ayer en Washington. Funcionarios de la Administración Bush han explicado que la petición del presidente representa la...
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El presidente de EE UU, George Bush, quiere que la pena de muerte pueda ser aplicada a los narcotraficantes sin necesidad de que éstos hayan cometido delitos de sangre. Esta petición presidencial es una de las nuevas medidas que Bush desea incorporar al plan nacional de lucha contra la droga. Sus peticiones las ha elevado al Congreso.
El presidente desea incrementar el presupuesto destinado a su programa militar de lucha contra el narcotráfico en un 50%, según trascendió ayer en Washington. Funcionarios de la Administración Bush han explicado que la petición del presidente representa la segunda parte del plan nacional contra la droga presentado el pasado mes de septiembre. El presidente quiere incrementar el presupuesto total del plan en 1.200 millones de dólares, mientras que los demócratas quieren que ese aumento sea de 5.000 millones de dólares.Esta segunda fase del plan antidroga de EEUU contiene algunas variaciones sobre el proyecto inicial y nuevas cifras presupuestarias. El presupesto aprobado y que ahora el presidente desea modificar, por considerar que se ha quedado corto, es de 8.800 millones de dólares.
Bush presentó su nuevo programa durante un almuerzo en la Casa Blanca con directores y editores de periódicos, en el que se refirió "al grave problema con el que nos enfrentamos". Entre las nuevas propuestas del presidente destacan su solicitud de que los narcotraficantes sean condenados a muerte, aunque no hayan cometido delitos de sangre.
El anuncio de Bush se produce tres semanas antes de su viaje a Colombia para participar en una cumbre antinarcóticos con los presidentes de los países de la zona. La ley federal de EE UU solamente contempla la pena de muerte para casos de traición, espionaje, secuestro de aviones y tráfico de drogas con comisión de delito de sangre. Según el FBI, la última persona condenada a muerte por una ley federal fue en 1963.
El Pentágono, favorecido
El Pentágono también resulta favorecido en esta segunda fase del plan antidroga. Bush desea incrementar su presupuesto en un 50% -unos 800 millones de dólares-, lo que permitirá a los militares combatir la droga con muchos más medios materiales. El pasado mes de septiembre Bush otorgó al Pentágono plenos poderes para combatir el narcotráfico, al considerar que el problema de la droga se había convertido ya en un tema de "seguridad nacional".En este sentido el Pentágono, hasta entonces reacio a luchar contra la droga por considerar que ese era un trabajo polícial, reaccionó de inmediato con la creación de dos comandos específicos -la Taks Force IV y la Task Force I- con bases en Miami (Florida) y Alameda (California).
Estas unidades están encargadas de la coordinación de vigilancia en el Caribe y en el Pacífico. Esta previsto también crear una multi-agencia de espionaje para coordinar toda la información nacional e internacional sobre narcotráfico. Nueva York, Miami, Los Ángeles, Houston y la zona fronteriza del suroeste, California, Arizona y Nuevo México se ven beneficiadas con presupuestos especiales para incrementar la vigilancia y la creación de nuevas unidades antidroga. Bush también propone que se intensifiquen los programas de rehabilitación en los centros penitenciarios y que se creen programas pilotos en las principales áreas metropolitanas para rehabilitar drogadictos.
El servicio de aduanas, el Customs Service, podrá abrirsus propias líneas de investigación y practicar las detenciones que sean necesarias en temas de droga, tal y como hacía antes de la creación, en 1973, de la agencia antinarcótícos, la DEA.