Autonomías y ayuntamientos deben compartir el coste político de los impuestos, según Hacienda

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que asumir su parte en el coste político que conlleva la recaudación de impuestos, según señaló ayer el director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Ernesto de Aguiar. En la medida en que así sea, la Administración territorial podrá beneficiarse de una mayor flexibilidad en la gestión del gasto público. En este reparto se debería producir un mayor protagonismo de las corporaciones locales.

El nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que entrará en vigor en 1991, y que se establecerá a lo largo ...

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que asumir su parte en el coste político que conlleva la recaudación de impuestos, según señaló ayer el director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Ernesto de Aguiar. En la medida en que así sea, la Administración territorial podrá beneficiarse de una mayor flexibilidad en la gestión del gasto público. En este reparto se debería producir un mayor protagonismo de las corporaciones locales.

El nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que entrará en vigor en 1991, y que se establecerá a lo largo del próximo año, "tendrá importantes dosis de continuidad", según Ernesto de Aguiar. Sin embargo, Hacienda considera que tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos, deben cambiar algunas de las condiciones actuales.En cuanto a los ingresos, Hacienda opina que "el coste político de la recaudación de impuestos tiene que ser compartido por comunidades autónomas y ayuntamientos", según Ernesto de Aguiar. En su opinión, existe un problema de conciencia ciudadana ya que, por lo general, no están muy claros los papeles que juegan las diistintas administraciones del Estado en la recaudación de impuestos y en los servicios que se prestan.

Como sistema a implantar en 1991, el director general de Coordinación con. las Haciendas Territoriales, apuntó que "el tema de los recargos en el impuesto sobre la renta se podría retornar". Como ejemplo de ello señaló la posibilidad de que las comunidades autónomas asumieran la recaudación de "determinados tramos de la tarifa del IRPF", aunque admitió las distorsiones que con este método se podrían producir.

Para los Ayuntamientos, la hora de la corresponsabilidad fiscal llegará el próximo año, cuando entre en vigor la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que los nuevos impuestos municipales se fijarán con unos mínimos pero pueden llegar a duplicarse o triplicarse.

En la medida en que cada palo aguante su vela desde el punto de vista fiscal, tanto comunidades autónomas como ayuntamientos podrían ejercer sus competencias de gasto con mayor libertad, según Hacienda.

Terreno ganado

Ernesto de Aguiar destacó que la participación de los entes territoriales en el conjunto de gasto público ha aumentado en los últimos años. Así, en 1988 para un total de gasto de 12,3 billones de pesetas, el 63,9% se gestionó a través de la administración central, el 21,55,) por las comunidades autónomas y el 14,7% restante por los ayuntamientos.En el año 1986, de los 10,6 billones de pesetas gastados por el conjunto de la Administración pública, el 68,8% correspondió a la central, el 17,2% a las comunidades autónomas y el 14,1 % a los ayuntamientos.

Ello supone, en opinión de Ernesto de Aguiar, que se ha desarrollado "un esfuerzo importantísimo en la descentralización del gasto público". Esta pérdida relativa del protagonismo del sector público estatal en el reparto del gasto público se ha producido una vez alcanzado el techo de competencias establecido en los diferentes estatutos de autonomía. En un futuro próximo, este esfuerzo descentralizador "debe continuar, pero desde el ámbito de las comunidades autónomas, hacia los ayuntamientos", según el director general.

Según Aguiar, "el resultado de diez años de proceso autonómico es un equilibrio financiero perfecto", ya que si las comunidades autónomas pudieran ahora realizar todos los cobros pendientes, su balance sería equilibrado. En la actualidad, el crédito vivo de las comunidades autónomas alcanza los 250.000 millones de pesetas, mientras que el de los ayuntamientos ascendió el pasado año a 800.000 millones. Este dato no es "disparatado en relación a sus presupuestos".