García Gasco, partidario de una ley de desgravación fiscal que afecte a quienes apoyen a la Iglesia

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Agustín García Gasco, manifestó ayer que sería conveniente la redacción de una ley que contemplara desgravaciones fiscales no sólo para las confesiones religiosas, sino en un contexto más genérico. García Gasco afirmó, que había hecho esta apreciación al secretario de Estado de Hacienda, José Borrell. Medios gubernamentales dijeron que estas declaraciones del obispo secretario se corresponden con el escaso eco que tuvo el impuesto religioso entre los contribuyentes y el futuro de autofinanciación que se le presenta a la Iglesia.
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El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Agustín García Gasco, manifestó ayer que sería conveniente la redacción de una ley que contemplara desgravaciones fiscales no sólo para las confesiones religiosas, sino en un contexto más genérico. García Gasco afirmó, que había hecho esta apreciación al secretario de Estado de Hacienda, José Borrell. Medios gubernamentales dijeron que estas declaraciones del obispo secretario se corresponden con el escaso eco que tuvo el impuesto religioso entre los contribuyentes y el futuro de autofinanciación que se le presenta a la Iglesia.

La idea avanzada ayer por García Gasco comenzó a ser barajada por el episcopado poco antes de que se conocieran los resultados oficiales de la asignación tributaria -impuesto religioso- en apoyo de la Iglesia católica, por el que optaron un 35% de los contribuyentes españoles al realizar la declaración de la renta correspondiente a 1987. La desgravación fiscal fue suprimida en 1985 por coinsiderar que se producían ciertos abusos y parece difícil, por el momento que el Gobierno vuelva a replantearse que entre en vigor.El hecho de que el Gobierno fijara unilateralmente la cifra del 0,52% sobre la cuota íntegra del IRPF preocupa a la jerarquía eclesiástica, que a partir de la declaración a realizar el próximo año no contará con asignación directa por parte del Estado, en virtud de los acuerdos parciales suscritos entre España y la Santa Sede en 1979. Según este pacto, con rango de tratado internacional, el Estado se compromete por espacio de tres años a completar lo que la Iglesia recibe a través del impuesto religioso con una dotación presupuestaria hasta completar la partida que ha venido percibiendo históricamente de la Administración. "El Gobierno ha ofrecido tanto a protestantes como a judíos la misma fórmula que la Iglesia católica y no sería justo que sólo estas confesiones se beneficiaran de la desgravación fiscal", matizó el obispo secretario, quien criticó algunas de las actuaciones de la Administración socialista respecto a la confesión católica.

"Creo que la Iglesia sigue manteniendo una voluntad firme de diálogo, pese a que se ha visto sorprendida por algunas decisiones unilaterales", agregó el obispo secretario. "En el futuro", matizó García Gasco, "tendremos que estudiar con el Estado no sólo la letra, sino también el espíritu de los acuerdos".

Asuntos sociales

Como ejemplo de algunos problemas que han surgido recientemente con la Administración socialista, el secretario general de la Conferencia Episcopal citó el hecho de que se hubiera fijado unilateralemente el 0,52% sobre la cuota íntegra del IRPF y la abortada campaña del Ministerio de Asuntos Sociales para que los contribuyentes apoyaran las entidades de fines sociales al realizar su declaración fiscal. "Hay un laicismo profundo, pero no agresivo y, como mentalidad, tiene el objetivo de meter a la Iglesia en la sacristía", dijo el secretario del episcopado.

Las relaciories entre la Iglesia y el Gobierno socialista se resentirían de ese laicismo, aunque tal como manifestara hace unos meses a este diario el director general de Asuntos Religiosos, Luis María Zavala, los acuerdos se cumplen, puesto que no ha habido por parte de la nunciatura apostólica -embajada de la Santa Sede- ninguna denuncia en otro sentido. García Gasco reconoció que las relaciones son buenas en la forma, "pero hay problemas que no solucionamos y que dos instituciones que persiguen el bien común de la sociedad deberían solucionar".

Esos temas que enturbian el diálogo, a juicio del obispo secretario, son entre otros, el caso del papel de asignatura de la religión en el proyecto de reforma educativa. Por ello, matizó clue la libertad religiosa "no sólo debe ser plenamente reconocida, sino también tutelada por la Administración".

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