La Administración, dispuesta a vender las viviendas a sus inquilinos

El Patrimonio del Estado, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, ha mostrado en las últimas horas su disposición a negociar con los vecinos. En una comunicado emitido ayer afirma que las gestiones para vender las viviendas a sus actuales inquilinos siguen en marcha. A pesar de ello, los vecinos han puesto ya algunas condiciones. "La Dirección General del Patrimonio del Estado tiene que hacerse cargo de los arreglos de las casas deterioradas", afirma Francisco Aguilar, presidente del Consejo General Ciudadano de El Pardo. No obstante, la falta de datos sobre la situación registr...

El Patrimonio del Estado, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, ha mostrado en las últimas horas su disposición a negociar con los vecinos. En una comunicado emitido ayer afirma que las gestiones para vender las viviendas a sus actuales inquilinos siguen en marcha. A pesar de ello, los vecinos han puesto ya algunas condiciones. "La Dirección General del Patrimonio del Estado tiene que hacerse cargo de los arreglos de las casas deterioradas", afirma Francisco Aguilar, presidente del Consejo General Ciudadano de El Pardo. No obstante, la falta de datos sobre la situación registral de las viviendas está retrasando las negociaciones.

Mientras se llega a un acuerdo o no, Patrimonio afirma que el aumento de los alquileres ha sido tan espectacular (un 1.400% en algunos casos) debido a que en los últimos tres años no se habían revisado las rentas. La Administración argumenta que esta subida se ha realizado teniendo en cuenta las disposiciones legales establecidas para el régimen de viviendas protegidas. En cuanto a los pisos libres y los locales comerciales, "se han revisado las rentas conforme a los pactos que figuran en cada contrato y no sobre la renta vigente".

Por su parte, Miguel Martín Vela, concejal presidente de la Junta de Fuencarral-El Pardo, manifestó ayer que ha dado un plazo de seis meses a Patrimonio para que resuelva los problemas registrales de algunas de las 800 viviendas afectadas por la subida. Esta falta de documentación sobre la situación registral de las viviendas ha provocado, a su juicio, un retraso en las gestiones para una posible venta de las mismas.