Quien avisa no es traidor

LAS DECLARACIONES realizadas a este periódico (véase EL PAÍS del 25 de septiembre) por el ex alcalde socialista de Vilanova de Arosa (Pontevedra) José Sito Vázquez constituyen un testimonio de primera mano sobre los efectos devastadores del tráfico de drogas en el tejido social y económico, y un aviso sobre el formidable peligro corruptor que este ilegal negocio representa para instituciones y personas. Pero son, al mismo tiempo, una llamada de atención -acreditada por la experiencia política de su autor, al frente durante siete años de un municipio situado en la encrucijada del contrabando de...

LAS DECLARACIONES realizadas a este periódico (véase EL PAÍS del 25 de septiembre) por el ex alcalde socialista de Vilanova de Arosa (Pontevedra) José Sito Vázquez constituyen un testimonio de primera mano sobre los efectos devastadores del tráfico de drogas en el tejido social y económico, y un aviso sobre el formidable peligro corruptor que este ilegal negocio representa para instituciones y personas. Pero son, al mismo tiempo, una llamada de atención -acreditada por la experiencia política de su autor, al frente durante siete años de un municipio situado en la encrucijada del contrabando de drogas y de tabaco de las rías gallegas- sobre la ineficacia de la política represiva contra el narcotráfico y las insalvables contradicciones en que se mueve. "Esto tiene un fin o acabamos un día convirtiéndonos en Sicilia o en Chicago años veinte", es el nada tranquilizador pero realista mensaje de este político gallego que desde los años ochenta ha venido luchando para impedir que el contrabando se hiciera con el control económico de la zona.Pero la alarmante situación que denuncia en su tierra el ex alcalde gallego es pareja a la vivida en otros muchos lugares de España, además de corroborada por los testimonios más autorizados. El director de la Drug Enforcement Agency (DEA), la institución norteamericana responsable de la lucha contra la droga, acaba de confirmar en Roma lo que ya se sospechaba y había sido denunciado por algunos medios informativos: que Jorge Luis Ochoa, uno de los miembros destacados del cártel de Medellín, es el introductor de la cocaína en España, en donde permaneció durante un tiempo hasta que fue detenido y extrañamente extraditado por la justicia española a Colombia, en lugar de a Estados Unidos, en 1985. El responsable de la DEA norteamericana también ha dado el nombre del narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros, que acaba de ser condenado por un tribunal de Los Ángeles (EE UU) por actividades relacionadas con la droga. El caso de este narcotraficante puede constituir una prueba sobre el alcance operativo de la legislación española, que autoriza el comiso de los bienes y beneficios económicos procedentes de la droga. Resulta que desde hace una decena de años viene realizando en Galicia, a través de familiares residentes en España, particularmente su esposa, importantes inversiones en el sector inmobiliario y en comercio exterior. Si la condena de este narcotraficante en Estados Unidos no incidiera para nada sobre sus inversiones en España, ello sería una prueba palpable de las serias deficiencias existentes en la colaboración internacional contra el negocio de la droga y, en definitiva, del fracaso de la represión sobre el principal factor que lo mueve: el beneficio fácil.

Pero la política represiva no sólo hace aguas por su incapacidad manifiesta para impedir el flujo y el blanqueo de los ingentes beneficios del narcotráfico. Su eficacia también deja mucho que desear en una trinchera que no es la primera pero sí la más fácil de la lucha contra la droga: la que pasa por barrios, parques públicos, centros de diversión y aledaños de centros escolares, constituidos a la vista de todos en terminales de este criminal negocio. En La Línea de la Concepción (Cádiz), por hablar del último lugar donde se ha producido una iniciativa de autodefensa ciudadana, los vecinos han decidido actuar por sí mismos contra los camellos que pululan por determinados barrios ante la confesada impotencia de la Guardia Civil y de la policía. Esta impotencia de las autoridades se traduce en los grandes núcleos de población, como Madrid o Barcelona, en la más absoluta impunidad para los pequeños traficantes que integran las redes de distribución. Ante este panorama sería suicida echar en saco roto la seria advertencia lanzada por el máximo responsable de la guerra contra las mafias de la droga en Colombia, el general Miguel Maza Márquez (EL PAÍS del 27 de septiembre), sobre el peligro en que se halla España de ser escogida como puente del narcotráfico entre América y Europa y de ser desestabilizada como lo ha sido el país latinoamericano. Estos testimonios y advertencias dejan malparada la credibilidad del mensaje sospechosamente tranquilizador que siguen transmitiendo las autoridades españolas en relación con la posición de España en el negocio mundial de la droga. Mientras restan importancia a la actividad económica de origen mafioso en la Costa del Sol y en Galicia, o se resisten a admitir que las redes gallegas de contrabando de tabaco se han convertido en vías de penetración de la droga, el director de la DEA norteamericana no duda en denunciar que "el punto predominante de entrada de cocaína en Europa es la península Ibérica".

Mientras tanto, la trilateral antidroga, formada por Estados Unidos, España e Italia, parece que ha decidido, en su reciente reunión de Roma, encarar el problema con otras medidas que las puramente represivas. Entre ellas, la de ayudar a Colombia en la sustitución de los cultivos de coca por otras producciones agrarias (petición que hacía ayer desde estas mismas páginas el presidente peruano, Alan García). La iniciativa es digna de aplauso en cuanto puede resultar una fórmula efectiva de atacar en una de sus raíces el problema de la droga. Pero ello no es bastante si luego los países desarrollados, y Estados Unidos a la cabeza, no compran los nuevos productos o lo hacen a unos precios irrisorios, como ocurre con muchas materias primas. En este supuesto, ni la más represiva de las políticas podrá evitar que las mafias del narcotráfico sigan produciendo y colocando droga a precios infinitamente más rentables entre la ávida clientela consumista de Estados Unidos y de Europa.