Un juzgado de Burgos acusa de nuevo a un delegado autonómico en 'el escándalo de la construcción'

El Juzgado número 2 de Burgos, que instruye las diligencias previas del caso de la construcción -en el que están denunciados el alcalde y otras 14 personas-, ha dictado un auto por el que queda sin efecto un sobreseimiento anterior que afectaba a uno de los inculpados, el superdelegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, José Carracedo, que continúa por tanto denunciado en el caso.El presente auto responde a un recurso que los abogados de los empresarios de la construcción de Burgos -autores de la denuncia- interpusieron a otro, dictado en diciembre de 1988, por el que se s...

El Juzgado número 2 de Burgos, que instruye las diligencias previas del caso de la construcción -en el que están denunciados el alcalde y otras 14 personas-, ha dictado un auto por el que queda sin efecto un sobreseimiento anterior que afectaba a uno de los inculpados, el superdelegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, José Carracedo, que continúa por tanto denunciado en el caso.El presente auto responde a un recurso que los abogados de los empresarios de la construcción de Burgos -autores de la denuncia- interpusieron a otro, dictado en diciembre de 1988, por el que se sobreseía provisional y parcialmente a algunos denunciados, entre ellos José Carracedo. El juzgado estima ahora que el sobreseimiento fue prematuro en el sentido de que las diligencias aún pendientes "han de arrojar luz sobre la culpabilidad no sólo de los denunciados frente a los que continúa el procedimiento, sino también de los excluidos".

Según los denunciantes, José Carracedo, socio en una inmobiliaria del constructor Méndez Pozo -que presuntamente se habría beneficiado de todo este hacer-, ejerció irregularmente las funciones de su cargo al permitir que el mencionado promotor construyese en terrenos propiedad de la Junta de Castilla y León.

Precisamente, en torno a esta edificación en los terrenos conocidos como G-2 bis, prestaron ayer declaración otros dos denunciados, Antonio Moliner y el notario José María Martín Álvarez, al que se le acusa de haber registrado notarialmente unas parcelas a nombre, entre otros, de Méndez Pozo, sin la correspondiente licencia de segregación y acuerdo de reparcelación que estipula la ley del suelo.

Esto constituiría, según los denunciantes, un delito de prevaricación -por haber omitido un deber como funcionarios-.