"El jurado puro chocaría con la Constitución"

B. DE LA C., Enrique Múgica, ministro de Justicia, advierte que entre quienes consideran compleja y difícil la implantación del jurado figuran "jueces, magistrados y fiscales muy progresistas". En todo caso, expresa su deseo de "que salga esa ley, por imperativo constitucional, programático y moral", una vez que se vea "cómo funciona el procedimiento penal abreviado y el desarrollo judicial de la ley de Demarcación y Planta". Respecto al modelo de tribunal popular, afirma que el jurado puro -integrado sólo por ciudadanos legos en derecho- "chocaría con la Constitución".

Para el ministro...

B. DE LA C., Enrique Múgica, ministro de Justicia, advierte que entre quienes consideran compleja y difícil la implantación del jurado figuran "jueces, magistrados y fiscales muy progresistas". En todo caso, expresa su deseo de "que salga esa ley, por imperativo constitucional, programático y moral", una vez que se vea "cómo funciona el procedimiento penal abreviado y el desarrollo judicial de la ley de Demarcación y Planta". Respecto al modelo de tribunal popular, afirma que el jurado puro -integrado sólo por ciudadanos legos en derecho- "chocaría con la Constitución".

Para el ministro, "el principio constitucional de la presunción de inocencia exige un análisis muy cuidado de las pruebas por parte de los miembros del jurado, que es más difícil realizar en un jurado puro, en el que no figuran magistrados". De ahí que Múgica, ante los "límites constitucionales que gravitan sobre el jurado puro", se incline por el mixto o escabinado, en el que coexisten los ciudadanos legos en derecho y los jueces.

El ministro se muestra contrario a ampliar las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que "debe hacer uso pleno de las mismas". Niega que el CGPJ deba proponer directamente al Parlamento los presupuestos de la Administración de justicia, "del mismo modo que no lo hace la Casa Real", dada la importancia de que Hacienda haga los ajustes necesarios. Vincula los aumentos de gastos a las dificultades de su departamento para gestionar el presupuesto.

En cuanto a la tacañería de la Administración para indemnizar por error o anormal funcionamiento de la justicia, Múgica prefiere hablar de "rigor intelectual para conciliar el interés individual del administrado con el de todo el Estado". Respecto a la repercusión sobre los magistrados -una vez dignificadas sus retribuciones- de las indemnizaciones que paga el Estado por errores judiciales, Múgica afirma que antes hay que lograr "un mayor desahogo en el trabajo judicial".