Premios y lenguas
LA PRESENCIA pública y el debate sobre el fomento de las distintas lenguas españolas están ocupando es tas últimas semanas el foco de la actualidad política y cultural. Ello es un síntoma de la vitalidad de este país y, pese a las distorsiones que se producen en determinadas polémicas, un fenómeno satisfactorio. El re ciente otorgamiento de los Premios Nacionales 1989, varios de los cuales han recaído en cualificados representantes de culturas no castellanas -como Bernardo Atxaga, Pere Gimferrer o Joan Coromines-, sigue la línea iniciada hace ya años (y no sólo en el ámbito lingüístico), pero ...
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LA PRESENCIA pública y el debate sobre el fomento de las distintas lenguas españolas están ocupando es tas últimas semanas el foco de la actualidad política y cultural. Ello es un síntoma de la vitalidad de este país y, pese a las distorsiones que se producen en determinadas polémicas, un fenómeno satisfactorio. El re ciente otorgamiento de los Premios Nacionales 1989, varios de los cuales han recaído en cualificados representantes de culturas no castellanas -como Bernardo Atxaga, Pere Gimferrer o Joan Coromines-, sigue la línea iniciada hace ya años (y no sólo en el ámbito lingüístico), pero que debe aún culminar, de elevar a oficial lo que es normal en el país, en la calle. Y son más de celebrar por cuanto la indiscutida categoría intelectual y literaria de los galardonados evidencia que no ha habido que recurrir a la discriminación positiva (las consabidas cuotas de mujeres, de culturas minoritarias,'etcétera), lo que a veces resulta tácticamente útil, pero es siempre lamentablemente artificioso. Ciertamente, la consolidación y el fomento de las distintas lenguas españolas no se harán sólo con gestos. Uno de los premiados, el lingüísta Joan Coromines, ha aceptado el premio en una carta en la que además critica la insuficiencia de la política lingüística desarrollada por el Estado y el Gobierno sobre el idioma catalán. El tono desairado de la carta, que lógicamente tanto ha molestado a los miembros del jurado otorgante del premio, especialmente a los catalanes; la inexactitud de algunas de sus manifestaciones, y la participación del responsable de Cultura de Convergéncia Democrática, Max Caliner García -un político que ya se cubrió de gloria con sus payasadas dialécticas en el caso Dalí-, echando leña en este asunto, son anécdotas desgraciadas. Pero son simplemente anécdotas, que no deben ocultar la parte de razón que asiste al anciano lingüista: la política lingüística "del Estado y el Gobierno que [le] otorgan" el galardón está aquejada de insuficiencias notorias. Una de ellas, reciente y muy lamentable, es la exclusión de las lenguas españolas minoritarias del programa europeo Lingua, de cuyos beneficios no sólo participan los nueve idiomas oficiales de la Comunidad, sino también el gaélico o el luxemburgués, bastante menos vivos y menos extendidos que el catalán y seguramente que el gallego. Pero es que las insuficiencias no son sólo del Gobierno, sino muy justamente del Estado, es decir, de sus distintos niveles de administración, incluido también el Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, en el que está instalado el partido de Cahrier García. Un Gobierno cuya radiotelevisión oficial ha venido manteniendo desde el 16 de febrero ¡hasta el pasado sábado! un durísimo pulso con los representantes de la canjó, un instrumento lingüístico de primer orden para el catalán desde los años sesenta. A todo esto, la discusión sobre la presencia del catalán en el Parlamento Europeo o en el Senado español ha salpicado la actual campaña electoral. Hay en este asunto algún elemento de esquizofrenia aparente. Ha sido un eurodiputado socialista quien ha defendido y obtenido algunos logros con vistas a un estatuto de semioficialidad del catalán en Estrasburgo, mientras que Ips colegas liberales del nacionalismo pujolista han retrasado estos logros. Para tapar el gafe, los convergentes han reabierto oportunistarnente la reivindicación del uso del catalán en el Senado, asunto en el que están divididas las opiniones de los socialistas. Las largas que éstos dan a definirse sobre la cuestión, aplazando el asunto hasta una reforma del reglamento del Senado, evidencian su indigencia intelectual sobre la cuestión. Porque ¿cuesta mucho definirse igual en Madrid que en Estrasburgo? Independientemente de mayores concreciones futuras, ¿el estatuto de semioficialídad propugnado por sus eurodiputados no constituye acaso un útil enfoque de aproximación, que puede solemnizar el plurilingüismo hispánico sin implicar el menoscabo de la eficaz -y constitucionalizada- función del castellano como instrumento común de todos?.