Un proyecto conflictivo

Hasta su definitiva aprobación, ayer por el Consejo de Ministros, el texto de este proyecto de ley ha estado sometido a constantes presiones por parte de los ministerios afectados, entre los que finalmente destacó el de Administraciones Públicas, que rechazó el texto presentado en el anterior Consejo por considerar que invadía competencias ya transferidas a las comunidades autónomas.El titular del MOPU, sin embargo, resalta que no se trata en realidad de divergencias de criterio, ni de posiciones antagónicas, que "no existen en el Consejo, de lo contrario el presidente se encarga de evitarlas"...

Hasta su definitiva aprobación, ayer por el Consejo de Ministros, el texto de este proyecto de ley ha estado sometido a constantes presiones por parte de los ministerios afectados, entre los que finalmente destacó el de Administraciones Públicas, que rechazó el texto presentado en el anterior Consejo por considerar que invadía competencias ya transferidas a las comunidades autónomas.El titular del MOPU, sin embargo, resalta que no se trata en realidad de divergencias de criterio, ni de posiciones antagónicas, que "no existen en el Consejo, de lo contrario el presidente se encarga de evitarlas". Una prueba de ello es, para Sáenz Cosculluela, el hecho de que el proyecto aprobado finalmente "es sustancialmente idéntico al que se barajó en el último debate del Consejo de Ministros, al que se han incorporado algunas proposiciones de Administraciones Públicas."

Se trata de "mejoras técnicas" en las que se diferencian claramente la legislación estatal, que no admite desarrollo autonómico, la legislación básica, que sí lo admite, y el derecho supletorio, que solamente se aplica en la ausencia de normas autonómicas.

La única diferencia, por tanto, entre ambos textos, según el propio ministro, es que "se ha mejorado mucho la diferenciación entre normas básicas y derecho supletcrio, que es el que se aplica a falta de una legislación autonómica".

"Hemos redactado la ley con la preocupación de no dar lugar a un reproche de inconstitucionalidad o alguna acusación de invasión de competencia de otras administraciones.

"Aunque el ministro proponente de una ley tiene en cuenta el valor autonómico, no impide que el ministerio competente de las Administraciones Públicas vele por ese principio y apure al máximo el análisis del proyecto de ley", según el ministro de Obras Públicas.Modificaciones parciales

El de Administraciones, Joaquín Almunia, se había mostrado más partidario de otras modificaciones parciales del Código Civil que afectan a esta materia, pero ha cedido finalmente a esta reforma del Régimen Urbanístico y de Valoraciones del Suelo a cambio de que se incorporara en el texto anterior el ámbito de las responsabilidades legales en cada caso.

En este sentido, los responsables del Ministerio de Obras Públicas reconocen que la eficacia real del proyecto "está vinculada a las acciones que emprendan las comunidades autónomas y. los ayuntamientos, las primeras como titulares exclusivas en materia de urbanismo y vivienda, y los segundos en la ejecución del planeamiento urbanístico". En este sentido, el Gobierno está estudíando la posibilidad de dotar a los ayuntamientos de nuevos sistemas de financiación para que puedan dotarse de los recursos necesarios para llevar a cabo las expropiaciones.