La crisis canaria provoca una polémica sobre el estatuto de autonomía

El veto impuesto a la ley de reorganización universitaria de Canarias por dos diputados de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), en el pleno del Parlamento celebrado el pasado miércoles, ha abierto un inesperado debate sobre la reforma del estatuto de autonomía, en el que el PSOE, primera fuerza en número de escaños (21 de 60), propugna el cambio del sistema electoral, para dar paso a circunscripciones regionales (en la actualidad cada isla elige sus representantes). Se pretende retirar del mismo el citado derecho de suspensión. Las organizaciones insularistas, contrarias a ello, aprovech...

El veto impuesto a la ley de reorganización universitaria de Canarias por dos diputados de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), en el pleno del Parlamento celebrado el pasado miércoles, ha abierto un inesperado debate sobre la reforma del estatuto de autonomía, en el que el PSOE, primera fuerza en número de escaños (21 de 60), propugna el cambio del sistema electoral, para dar paso a circunscripciones regionales (en la actualidad cada isla elige sus representantes). Se pretende retirar del mismo el citado derecho de suspensión. Las organizaciones insularistas, contrarias a ello, aprovechan para pedir, en vísperas del Día de Canarias, mayor poder para los cabildos para salvar la grave crisis de la autonomía canaria, siete años después de la aprobación del estatuto.Por otra parte, el rector de la universidad de La Laguna (Tenerife), José Carlos Alberto Bethencour, que se opone a la ley porque, en su opinión, viola la autonomía universitaria, medita, según trascendió ayer, su posible dimisión, que daría a conocer en una junta de gobierno del centro el próximo jueves, el día después del pleno en que se aprobará, con toda probabilidad, el conjunto de la iniciativa legislativa, al poderse votar los artículos vetados.

No se descarta una reunión urgente del pacto de gobierno de coalición (CDS, Agrupaciones Independientes de Canarias -AIC-, PP y AHI) para intentar consensuar la polémica ley con el resto de los partidos antes de dicha sesión de la Cámara.

El PSOE ha insistido sin éxito en que el Gobierno debe pronunciarse, ante la negativa del presidente, Lorenzo Olarte, del CDS, que estima que la ley no surgió del Ejecutivo (el Cabildo de Gran Canaria y una comisión promotora son sus autores). El PP culpa a los socialistas de querer instrumentalizar el conflicto universitario para romper el Gobierno, dadas las contradicciones que existen en el mismo sobre la ley. El PSOE considera una "irresponsabilidad" el silencio del Gabinete de Olarte.