Multas de medio millón a quienes viertan escombros en Alcobendas

El Ayuntamiento de Alcobendas impondrá multas de hasta 500.000 pesetas a los responsables del vertido de escombros en lugares distintos a los determinados por los servicios municipales, según una nota hecha pública ayer por el Ayuntamiento de esta localidad.Con esta medida las autoridades de Alcobendas pretenden acabar con la práctica seguida por muchos conductores de camiones de transporte de escombros que desafian constantemente las prohibiciones municipales. En ocasiones, los infractores han llegado a arrojar materiales de construcción y derribo junto a los carteles de prohibición colocados...

El Ayuntamiento de Alcobendas impondrá multas de hasta 500.000 pesetas a los responsables del vertido de escombros en lugares distintos a los determinados por los servicios municipales, según una nota hecha pública ayer por el Ayuntamiento de esta localidad.Con esta medida las autoridades de Alcobendas pretenden acabar con la práctica seguida por muchos conductores de camiones de transporte de escombros que desafian constantemente las prohibiciones municipales. En ocasiones, los infractores han llegado a arrojar materiales de construcción y derribo junto a los carteles de prohibición colocados por el Ayuntamiento.

Las insuficiente cuantía de las sanciones fijadas hasta ahora en la ordenanza municipal, que tenían un límite máximo de 15.000 pesetas, propiciaba la proliferación de vertidos incontrolados, según la nota municipal. Al mismo tiempo, la complejidad de la tramitación administrativa de las sanciones hacía escasamente disuasoria su imposición a los infractores.

En los últimos meses se han impuesto más de 50 multas sin que haya remitido el vertido de escombros.

El Ayuntamiento ha decidido aplicar la ley de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid, que prevé multas de hasta 500,000 pesetas por efectuar vertidos de escombros y tierras en vías pecuarias, zonas protegidas y parques o terrenos destinados a la construcción de zonas verdes.

Con la aplicación de la legislación regional, también es posible imponer sanciones de hasta 12 millones de pesetas a quienes en terrenos destinados por el planeamiento a uso público de interés general o común realicen obras o actividades que impidan o perturben gravemente su destino.