El Ministerio de Obras Públicas fija en 340.000 millones la financiación de VPO, al 7,5% de interés

El ministro de Obras Públicas, Javier Sáenz Cosculluela, ha firmado el protocolo de colaboración con la Confederación Española de Cajas de Ahorro para la financiación de las viviendas en 1989 por un valor de 206.000 millones de pesetas. El resto, hasta alcanzar los 340.000 millones aprobados de financiación, será completado con 100.000 millones del crédito oficial -que aportará el Banco Hipotecario,- 13.000 millones de la Caja Postal y 6.000 millones de las cajas rurales. La banca privada tiene la posibilidad de firmar convenios por un valor de 15.000 millones.

Dentro de este paquete de...

El ministro de Obras Públicas, Javier Sáenz Cosculluela, ha firmado el protocolo de colaboración con la Confederación Española de Cajas de Ahorro para la financiación de las viviendas en 1989 por un valor de 206.000 millones de pesetas. El resto, hasta alcanzar los 340.000 millones aprobados de financiación, será completado con 100.000 millones del crédito oficial -que aportará el Banco Hipotecario,- 13.000 millones de la Caja Postal y 6.000 millones de las cajas rurales. La banca privada tiene la posibilidad de firmar convenios por un valor de 15.000 millones.

Dentro de este paquete de 340.000 millones de pesetas para financiación de viviendas, existe la previsión de dedicar 22.000 millones para las viviendas en régimen general, 10.000 para vivienda usada y otros 23.000 para la rehabilitación, que no tendrán ayudas económicas directas pero sí tendrán acceso a una financiación cualificada.Sáenz Cosculluela también definió el número máximo de viviendas que se podrían construir con estas ayudas. Este tope sería de 18.000 para las de régimen general, de 15.000 en el caso de viviendas usadas y 14.000 dentro del grupo de régimen especial. Además, se podrán financiar 7.000 viviendas en rehabilitación y 5.000 cuando en la promoción se actúe también en materia de suelo.

Según el ministro de Obras Públicas, estas actuaciones de financiación a la vivienda se han centrado en las ayudas personales y subsidios del Estado para aquellas familias que no superan unos ingresos anuales de dos veces y medía el salario mínimo interprofesional. Además de realizar la innovación de facilitar la adquisición de viviendas usadas.

En viviendas de protección oficial, de promoción privada, el comprador tendrá que abonar un interés real del 7,5% y el Estado abona el restante 4%.

Las viviendas de promoción pública gozarán de un subsidio del 5% en la compraventa y de un 4,5% en el caso de que la vivienda sea de construcción para alquiler. Las subvenciones para la adquisición de viviendas usadas o rehabilitadas serán semejantes. Además, en el caso de las viviendas de protección oficial, las ayudas personales pueden llegar al 5% y al 9% si son viviendas de promoción pública.

Sin retroactividad

En la rueda de prensa realizada después de la firma del protocolo con la CECA, Sáenz de Cosculluela, dijo que, en su opinión, la desgravación por la segunda vivienda no será una medida negativa para el sector, en conjunto, ni para los ciudadanos en general. Admitió que no se ha opuesto a la desaparición de la desgravación aunque, "ésta es una decisión que debe de tomar el Ministerio de Economía y Hacienda". Y, de hacerlo, no seria con efectos retroactivos.

Los recortes que el MOPU estima en su presupuesto para el presente ejercicio, debido a las medidas sociales que tiene que aprobar el Consejo de Ministros se sitúan entre 19.000 y 20.000 millones de pesetas. Aún no están concretados los capítulos de los que se deducirán estas cantidades aunque, según el ministro, se procurará que no afecte a las inversiones básicas del Ministerio. Por otro lado, el Consejo de Ministros del pasado día 5 aprobó un real decreto sobre las condiciones de acceso a la financiación de la vivienda pública en el que, entre otras cosas, destaca la subvención en la compra de vivienda, usadas, así como la ampliación a 20 años del plazo de amortización de los créditos destinados a la compra de VPO para quienes tengan ingresos inferiores a cinco veces el salario mínimo.