Las televisiones privadas deberán comenzar a emitir antes de febrero de 1990

Las televisiones privadas deberán comenzar a emitir en Madrid y Barcelona antes del mes de febrero de 1990, según se desprende de los plazos señalados en el pliego de bases del concurso para la adjudicación de la gestión de tres canales privados, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Las empresas que obtengan una licencia -para 10 años, prorrogable por otros 10- deberán pagar en una primera etapa un canon de 660 millones de pesetas al año por la utilización de la red y 3.100 pesetas por cada hora de emisión.

El plazo de presentación de ofertas en la Dirección General de...

Las televisiones privadas deberán comenzar a emitir en Madrid y Barcelona antes del mes de febrero de 1990, según se desprende de los plazos señalados en el pliego de bases del concurso para la adjudicación de la gestión de tres canales privados, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Las empresas que obtengan una licencia -para 10 años, prorrogable por otros 10- deberán pagar en una primera etapa un canon de 660 millones de pesetas al año por la utilización de la red y 3.100 pesetas por cada hora de emisión.

El plazo de presentación de ofertas en la Dirección General de Comunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones será de 90 días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del pliego de bases (finales de abril próximo). A continuación, la Administración dispondrá de cinco días para la apertura de las plicas y durante los dos meses siguientes las ofertas serán estudiadas por la mesa de contratación.A partir de este plazo el Consejo de Ministros dispondrá de 30 días hábiles para la toma de la decisión definitiva, lo que se producirá probablemente a finales de julio o principios de agosto. Una vez otorgada la licencia, las empresas deberán comenzar a emitir en Madrid y Barcelona antes de los seis meses siguientes (final de febrero como límite, aproximadamente), de lo contrario podrían perder la licencia.

Las empresas que concurran a la adjudicación deben tener nacionalidad española, estar domiciliadas en España y tener un capital mínimo de 1.000 millones de pesetas desembolsado en su totalidad. El capital extranjero no podrá superar ni directa ni indirectamente el 25% del capital de la sociedad concesionaria. Ningún accionista podrá ser, por otra parte, titular de más del 25% de dicho capital.

Las sociedades que acudan al concurso deberán depositar en la Caja General de Depósitos una fianza provisional de 500 millones de pesetas que serán reintegrables para las empresas que no obtengan la licencia. Las empresas que la obtengan deberán desembolsar otros 500 millones más como fianza definitiva.

Las empresas concesionarias deberán suscribir un contrato con Retevisión (la red pública única que conducirá las señales de televisión), por el que abonarán a este organismo en el primer momento de la emisión una cantidad fija mensual de 55 millones de pesetas y otra cantidad variable de 3.100 pesetas. Al final del proceso de emisiones (podría ser hacia 1993-94, según deducen algunos técnicos de la Administración) las cantidades a pagar por cada empresa serían de 305 millones al mes y de 37.500 pesetas por cada hora de emisión.Los empresarios que públicamente han manifestado su deseo de acudir a una concesión se han mostrado cautos al valorar estas condiciones económicas. Fuentes del grupo Zeta han declinado hacer una valoración inmediata y han añadido que tienen que estudiar detenidamente estas cifras impuestas en el pliego de bases. Directivos del grupo Antena 3 / La Vanguardia han señalado que las garantías exigidas como aval se ajustan a los cálculos normales que podría haber hecho cualquier sociedad pero que, por el contrario, los cánones que hay que abonar, sobre todo los de la segunda etapa son excesivos "por lo que debería abrirse una negociación entre el Gobierno y las empresas interesadas para rebajarlos".

Criterios

Según la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, para la adjudicación del concurso el Gobierno atenderá a criterios como la necesidad de garantízar una expresión libre y pluralista de ideas y corrientes de opinión; la viabilidad técnica y económica del proyecto y la relación entre programación nacional, europea y comunitaria. Se dará preferencia a la expresión española y comunitaria.