AP acusa de fraude de ley a Leguina por ocultar 90.000 millones al control de la Asamblea

El portavoz de Alianza Popular (AP) en la Asamblea de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, denunció ayer en conferencia de prensa que "el Gobierno de Leguina está cometiendo uno de los más escandalosos fraudes de ley" al hurtar al control parlamentario los 90.000 millones de pesetas destinados a las empresas públicas regionales.

Esta partida de 90.000 millones de pesetas equivale casi a un tercio del presupuesto consolidado de la Comunidad de Madrid y supone un monto superior a los presupuestos de siete comunidades autónomas, entre ellas Navarra, Aragón o Asturias. Ruiz Gallardón subrayó, an...

El portavoz de Alianza Popular (AP) en la Asamblea de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, denunció ayer en conferencia de prensa que "el Gobierno de Leguina está cometiendo uno de los más escandalosos fraudes de ley" al hurtar al control parlamentario los 90.000 millones de pesetas destinados a las empresas públicas regionales.

Esta partida de 90.000 millones de pesetas equivale casi a un tercio del presupuesto consolidado de la Comunidad de Madrid y supone un monto superior a los presupuestos de siete comunidades autónomas, entre ellas Navarra, Aragón o Asturias. Ruiz Gallardón subrayó, ante los periodistas, que los socialistas hurtan el control de tan importante cifra de dineros públicos a un parlamento, como la Asamblea de Madrid, en el que no cuentan con mayoría.A juicio del portavoz aliancista la gestión del Ejecutivo en el sector económico es ineficaz, ya que 12 de las 15 empresas públicas regionales presentan pérdidas que, según sus cálculos, alcanzarán en 19,89 unos 26.000 millones de pesetas.

Los controles de la Asamblea no alcanzan a estas empresas, según el diputado de AP Antonio Beteta, portavoz de su grupo en la Comisión de Presupuestos. A su juicio, la ausencia de controles implica que no existe vinculación alguna entre los créditos presupuestados y los gastos concretos que realizan estas empresas, y que es posible el incremento del endeudamiento sin autorización parlamentaria.

Alianza Popular propone que las empresas públicas de la Comunidad actúen en régimen de subsidariedad respecto a las privadas -con criterios de eficacia-, y sin concurrir con éstas. Al mismo tiempo, propugna la privatización de las empresas públicas regionales, a excepción del Canal de Isabel II y de la Compañía Metropolitano, SA (metro).

La creación de empleo a través de las empresas públicas es "un despilfarro", según señaló el portavoz aliancista, quien subrayó que supone un coste por puesto de trabajo creado de 1.750.000 pesetas. En las empresas privadas, según AP, este coste se reduce a 650.000 pesetas, mediante las subvenciones actuales a las nuevas contrataciones.

El grupo parlamentario de Alianza Popular en la Asamblea de Madrid ha presentado una proposición de ley para modificar la legislación reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, de manera que la creación de empresas públicas requiera "con carácter previo una comunicación a la Asamblea para su debate ante el pleno de la misma".

Apoyo del CDS

Ruiz Gallardón se mostró confiado en que el CDS apoyará la proposición de ley de AP, ya que el grupo centrista siempre ha ha defendidio la necesidad de un mayor control parlamentario del Gobierno regional.Tan sólo las empresas suministradoras de agua (Canal de Isabel II) y la Inspección Técnica de Vehículos, (ITV) de la Comunidad no presentan déficit en sus balances anuales, subrayó Ruiz Gallardón.

Y añadió que el Gobierno socialista abusa de la legalidad. AP sostiene que de alcanzar el poder en la Comunidad de Madrid privatizaría las empresas Transportes Aéreos del Guadarrama (TACSA), de remontes en pistas de esquí, y el Mercado Puerta de Toledo; se disolverían otras como Tres Cantos, SA, o Parque Tecnológico de Madrid, y trasvasaría la Empresa Provincial de Informática a los servicios centrales de la Administración regional.

Alianza Popular destaca en su informe sobre las empresas públicas que Radio Televisión Madrid (RTVM) dispondrá en 1989 de un capital social de 250 millones de pesetas, con una carga de 4.000 millones de deuda "lo que es contrario a cualquier práctica empresarial".