La Comisión Europea investiga las ayudas públicas a Imepiel y Magefesa

La Comisión Europea anunció ayer oficialmente la apertura de una doble investigación sobre la legalidad de las ayudas concedidas por el Estado español y algunas comunidades autónomas al mayor fabricante español de zapatos, Imepiel, y a la empresa de electrodomésticos Magefesa. Si declara ilegales estas ayudas, las empresas se verán obligadas a devolverlas, lo que puede provocar su quiebra.Imepiel, que pertenece al Estado desde 1975, obtuvo en 1987 y 1988 una inyección de capital de 3.329 millones de pesetas. La ayuda, otorgada con la cobertura de un plan estratégico para conseguir que l...

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La Comisión Europea anunció ayer oficialmente la apertura de una doble investigación sobre la legalidad de las ayudas concedidas por el Estado español y algunas comunidades autónomas al mayor fabricante español de zapatos, Imepiel, y a la empresa de electrodomésticos Magefesa. Si declara ilegales estas ayudas, las empresas se verán obligadas a devolverlas, lo que puede provocar su quiebra.Imepiel, que pertenece al Estado desde 1975, obtuvo en 1987 y 1988 una inyección de capital de 3.329 millones de pesetas. La ayuda, otorgada con la cobertura de un plan estratégico para conseguir que la empresa sea rentable a medio plazo, sufragaba concretamente las pérdidas registradas esos años e impidió la declaración de quiebra.

El Ejecutivo comunitario considera que la aportación de capital supone "una amenaza suplementaria de distorsión para la libre competencia que se añade a la dificil situación de este sector en la CE".

En cuanto a Magefesa, el Ejecutivo europeo sospecha que recibió en 1986 y 1987 de los Gobiernos de Madrid y Vitoria, en el marco de un plan de reestructuración que sí fue comunicado a Bruselas, 5.019 millones, que fueron "una pura ayuda de rescate para mantenerla artificialmente a flote". Las medidas previstas, añade, no constituyen un auténtico programa de reestructuración capaz de garantizar en el futuro la viabilidad del grupo y existe un riesgo de distorsión de la libre competencia.

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