La construcción de una cárcel en Segovia enfrenta al Ayuntamiento con Justicia

La construcción de una nueva cárcel en Segovia ha enfrentado al Ayuntamiento de la ciudad y al Ministerio de Justicia. La edificación del nuevo centro penitenciario en las afueras de la ciudad carece, según fuentes municipales, de la correspondiente licencia municipal. Por ello, el Ayuntamiento ha iniciado un expediente de investigación ante el comienzo de las obras de explanación de los terrenos.

El pasado jueves, el alcalde, Luciano Sánchez Reus, ordenó al arquitecto técnico, al inspector de obras y a un equipo de atestados de la policía municipal que levantaran acta en el solar donde...

La construcción de una nueva cárcel en Segovia ha enfrentado al Ayuntamiento de la ciudad y al Ministerio de Justicia. La edificación del nuevo centro penitenciario en las afueras de la ciudad carece, según fuentes municipales, de la correspondiente licencia municipal. Por ello, el Ayuntamiento ha iniciado un expediente de investigación ante el comienzo de las obras de explanación de los terrenos.

El pasado jueves, el alcalde, Luciano Sánchez Reus, ordenó al arquitecto técnico, al inspector de obras y a un equipo de atestados de la policía municipal que levantaran acta en el solar donde se va a realizar la cárcel, cerca del barrio incorporado de Madrona, a pocos kilómetros de la capital.Según el alcalde, suspendido de militancia por su propio partido, el CDS, el Ministerio de Justicia no tiene licencia municipal de obras y ha seguido un proceso lamentable, por lo que ha encargado un informe jurídico para plantear un posible recurso ante el Consejo de Ministros.

La realización de la nueva cárcel, cuyo proyecto ha sido adjudicado a la empresa Agromán por 1.648 millones de pesetas, ha creado malestar en diversos sectores y organismos de la ciudad, que señalan que su puesta en funcionamiento conllevará un aumento de la inseguridad ciudadana, perjudicial para el desarrollo económico de Segovia, basado principalmente en el turismo.

Por su parte, el director general de Servicios del Ministerio de Justicia, Ramón Jiménez de Muñana, ha señalado que el ministerio ha actuado con estricta legalidad y la licencia viene concedida como consecuencia del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros. Jiménez de Muñana, que calificó la polémica existente como artificial, dijo que se trata de sustituir la vieja cárcel, dentro del casco urbano, por otra que no será de régimen abierto como han indicado algunos de los opositores al proyecto.