Un dirigente de CDC admite haber cobrado dinero de un constructor
Josep Garriga Torres, consejero nacional de' Convergéncia Democrática (CDC), declaró el pasado sábado ante el juez de instrucción de Tortosa haber ingresado 500.000 pesetas del constructor Juan Francisco Martínez Serret como paga y señal de una indemnización por los perjuicios ocasionados por un edificio que se construye ante su chalé de Cases d'Alcanar. Esta cantidad, según el convergente, debía ser completada con 9.500.000 pesetas más.La versión de Josep Garriga se contradice con la del constructor, que aseguró ser objeto de una extorsión, ya que en su opinión con este dinero se trata...
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Josep Garriga Torres, consejero nacional de' Convergéncia Democrática (CDC), declaró el pasado sábado ante el juez de instrucción de Tortosa haber ingresado 500.000 pesetas del constructor Juan Francisco Martínez Serret como paga y señal de una indemnización por los perjuicios ocasionados por un edificio que se construye ante su chalé de Cases d'Alcanar. Esta cantidad, según el convergente, debía ser completada con 9.500.000 pesetas más.La versión de Josep Garriga se contradice con la del constructor, que aseguró ser objeto de una extorsión, ya que en su opinión con este dinero se trataba de comprar influencias para legalizar el edificio.
La polémica se inició hace año y medio cuando las 56 familias de un complejo urbanístico de Cases d'Alcanar se enteraron que se estaba proyectando levantar un edificio sin dejar la suficiente anchura de calle. Se requirió, entonces, al Ayuntamiento de Alcanar para que revisase la licencia de la obra.
Los requerimientos de los vecinos no fueron atendidos. Sólo dos familias, la de Josep Garriga y la de Joan Barot, continuaron insistiendo en sus exigencias. El pasado 18 de agosto lograron definitivamente del Ayuntamiento la paralización de las obras.
Un colaborador del constructor recabó los oficios de Josep Esquerré, consejero nacional de CDC, para que actuara de mediador entre las dos familias y el constructor y les ofreciera compensaciones económicas para que retirasen la denuncia presentada ante el Ayuntamiento.