Felipe González, favorable a las reivindicaciones de jueces y magistrados asumidas por el Poder Judicial

BONIFACIO DE LA CUADRA El presidente del Gobierno, Felipe González, que ayer se reunió dos horas con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Hernández Gil, se mostró, en términos generales, favorable a las reivindicaciones iniciales asumidas por el CGPJ, que comprenden un plan urgente para desatascar la Administración de justicia, un aumento retributivo para jueces y magistrados superior al 30%, la determinación del volumen de trabajo ir la mejora de la formación y perfeccionamiento de los jueces. Así lo manifestó al pleno del CGPJ y más tarde a los informadores, H...

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BONIFACIO DE LA CUADRA El presidente del Gobierno, Felipe González, que ayer se reunió dos horas con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Hernández Gil, se mostró, en términos generales, favorable a las reivindicaciones iniciales asumidas por el CGPJ, que comprenden un plan urgente para desatascar la Administración de justicia, un aumento retributivo para jueces y magistrados superior al 30%, la determinación del volumen de trabajo ir la mejora de la formación y perfeccionamiento de los jueces. Así lo manifestó al pleno del CGPJ y más tarde a los informadores, Hernández Gil, quien expresó su "impresión" de que la actitud gubernamental será satisfactoria para las tres asociaciones judiciales.

Aunque tales reivindicaciones fueron remitidas al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, a principios de mayo, Felipe González no hizo ayer una contraoferta concreta. Según informó Hernández Gil, el presidente del Gobierno responderá también por escrito. Mientras tanto, se iniciarán una serie de contactos y comenzarán los trabajos para determinar el módulo de trabajo de cada órgano judicial y poner en marcha el plan urgente para descongestionar las oficinas judiciales, que servirán de puente a la plena entrada en vigor de la futura ley de planta y demarcación.Según Hernández Gil, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, asistió al encuentro en el que intervinieron fundamentalmente los presidentes del Gobierno y del CGPJ.

Respecto al aspecto más conflictivo de las reivindicaciones -el aumento de los sueldos judiciales-, el presidente del Gobierno reconoció la conveniencia de modificarlos para mejorarlos y, en concreto, ofreció al Consejo General del Poder Judicial una especial intervención en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto al aumento solicitado por las asociaciones judiciales con efectos de 1988, Hernández Gil, señaló que será atendido "lo que queda dentro de las previsiones presupuestarias". Con esta respuesta se puso de manifiesto una diferencia respecto a lo hasta ahora mantenido por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, contrario tajantamente a alterar las retribuciones para este año.

La solución podría ser, según señalaron fuentes jurídicas, que varios miles de millones del presupuesto de Justicia para 1988 pasaran a conceptos retributivos, en lugar de ser devueltos al Tesoro como en otros ejercicios presupuestarios.

Formación de los jueces

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Por lo que se refiere a la formación y perfeccionamiento de los jueces y magistrados, Hernández Gil transmitió el interés de Felipe González por ajustar a la realidad social los cursos y jornadas necesarios, así como por descentralizar la enseñanza a impartir a los jueces, a fin de un acceso más fácil para todos ellos.

En la reunión con el jefe del Ejecutivo, se planteó la introducción en los programas de ciencias ajenas a las disciplinas jurídicas, tales como la psicología y la sociología, "de sumo interés para el ejercicio de la función judicial", según señaló Hernández Gil.

El presidente del CGPJ insistió en que el encuentro de ayer fue sólo un punto de partida, al que seguirán nuevos contactos. En todo caso, expresó su irripresión de que las asociaciones judiciales estarán satisfechas con la respuesta gubernamental.

Hernández Gil, tanto a la salida de la Moncloa como por la tarde en una conferencia de prensa, resaltó el carácter positivo del encuentro y el reconocimiento por parte del presidente Felipe González de la necesidad de proporcionar unos medios materiales progresivamente crecientes a los jueces y magistrados para el mejor desempeño de su función. Agregó que, aunque el Gobierno ha atendido las necesidades más urgentes de la Justicia planteadas por el Consejo en julio del año pasado, "ahora hay nuevas necesidades y es necesario afrontarlas".

Un revés para los 'ledesmistas'

Si las impresiones del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Hernández Gil, son certeras la entrevista que mantuvo ayer con Felipe González debe interpretarse como un revés para el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y para la llamada minoría ledesmista, por haber sido más papistas que el Papa o más duros con los jueces de lo que el propio Gobierno, hasta por la actitud de sus dirigentes, está dispuesto a ser. Los miembros de la minoría del CGPJ tendrán probablemente que revisar los criterios con los que el pasado 29 de abril se opusieron a que el Consejo asumiera las reivindicaciones judiciales.Según lo declarado ayer por Hernández Gil, el presidente del Gobierno no rechaza el cauce institucional del CGPJ para las reivindicaciones de jueces y magistrados, ni les atribuye, como hicieron tales consejeros "una visión funcionarial del problema de la figura del juez". Tampoco reclama el presidente González, como presupuesto esencial y casi único de la reforma judicial, "una mayor cualificación, humana y técnica, de nuestros jueces", como hizo la mencionada minoría.

Felipe González ha admitido, en palabras de Hernández Gil, "la procedencia de mejorar y modificar las retribuciones judiciales" y se ha mostrado "receptivo" al resto de las reivindicaciones. En definitiva, desde la cabeza del Ejecutivo, se ha avalado la política de no confrontación y el cauce institucional promovido por Jueces para la Democracia, seguida por las otras asociaciones y asumida por la mayoría del CGPJ.

De seguir por esta vía las reivindicaciones judiciales, el informe de los servicios jurídicos del Consejo recabado por el pleno sobre una eventual huelga de jueces y magistrados, que dictamina a favor de la legalidad de esta medida de presión, permanecerá dentro de un cajón.

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