Empresas diáfanas

LA REFORMA que planea sobre la sociedad anónima española, con motivo de la adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Europea (CE), amenaza con agitar durante un tiempo las aguas de la economía. Desde que se conocieron los primeros borradores del Gobierno, el sector empresarial no ha dejado de llamar la atención sobre los riesgos que conlleva tocar pieza tan delicada y significativa en una economía de mercado como la sociedad mercantil. Aunque determinadas críticas que se han hecho sean exageradas, la inquietud que traslucen debería ser suficiente para alertar al G...

LA REFORMA que planea sobre la sociedad anónima española, con motivo de la adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Europea (CE), amenaza con agitar durante un tiempo las aguas de la economía. Desde que se conocieron los primeros borradores del Gobierno, el sector empresarial no ha dejado de llamar la atención sobre los riesgos que conlleva tocar pieza tan delicada y significativa en una economía de mercado como la sociedad mercantil. Aunque determinadas críticas que se han hecho sean exageradas, la inquietud que traslucen debería ser suficiente para alertar al Gobierno y al conjunto de la sociedad sobre lo que se juega la economía española en este tema.La reforma del régimen jurídico de la empresa era necesaria por exigencias del exterior, pero también por motivos internos. La sociedad mercantil española, y sobre todo la anónima, se había quedado desfasada en aspectos esenciales de la actividad económica de hoy. Su entramado legal ha constituido con frecuencia campo abonado para desaprensivos y ha posibilitado el desafuero, el eririquecimiento ilegal, los engaños a terceros y las falsedades de todo tipo. Es necesario reforzar cribilidad, modernizar su estructura y mejorar su funcionamiento frente a la fuerte competitividad que la dímensión internacional del mercado exige. Pero precisamente por ello no se comprende bien por qué la reforma anunciada va más allá del marco comunitario e introduce cambios que pueden colocar en desventaja ala empresa española en el mercado único que se abrirá en Europa a partir de 1992.

En el proyecto existen aspectos tendentes a reforzar el control fiscal de la actividad mercantil, su transparencia informativa y la responsabilidad de quienes están al frente de la misma. Bienvenidas sean las modificaciones que tienden a reforzar la credibilidad de las sociedades y la diafánidad de sus métodos contables. Pero a la vez se propician medidas que ponen en peligro la eficacia empresarial. Ésta, como también sucede en el ámbito político, exige la unidad de acción, la máxima confianzaen quienes dirigen los órganos ejecutivos y la rapidez en la toma de decisiones. En este sentido es más que dudoso que la ampliación de los derechos de las minorías que propicia el Gobierno no pueda ser utilizada para obstaculizar la buena marcha de las empresas o para facilitar la actuación de los tiburones con fines puramente especulativos. Es un tema trascendente, y en el debate parlamentario se debe abordar olesde la perspectiva de los intereses del sistema econórnico y de los de las empresas en particular. La equiparación teórica de los derechos de las minorías políticas en la democracia con los de las minorías económicas en una sociedad capitalista no tiene apenas sentido. La sociedad anónima no es un sistema de representación política, ni sus leyes pueden estar sometidas a criterios semejantes a los que rigen un Parlamento. La paradoja es que el PSOE, acostumbrado a bairrer los derechos de las minorías en las Cortes, quiera ahora hacerlos valer en los consejos de administración.

Por otro lado, son clararnente rechazables las amplias facultades de intervención en la vida de las empresas que se reserva la Administración pública, que puede imponer multas de hasta un millón de pesetas por incumplimiento de la ley. Las obligaciones legales deben ser exigidas por los tribunales. Atribuir esa tarea a la Administración constituye un peligroso recorte de las bases en que se asienta el Estado de derecho. Sería tanto como volver a poner en circulación fórmulas del pasado que ya se creían superadas y que, desde luego, chocan con el principio de libre iniciativa.

En resumen, la discusión - parlamentaria de esta ley no puede limitarse a unas sesiones de trámite. Con vistas al reto europeo necesitamos un marco jurídico que garantice la competitividad de nuestras empresas frente a las del exterior, y todo lo que sea debilitarlas es debilitar, también, el bienestar de los españoles.