Castilla-La Mancha, una identidad regional en alza

La comunidad de Castilla-La Mancha, la tercera en extensión geográfica de todas las autonomías, es también la primera región de Europa por baja densidad de población: 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Las fuerzas políticas coinciden en reclamar nuevas competencias, pero sin necesidad de modificar el estatuto. El presidente de la Junta de Comunidades, el socialista José Bono, es explícito al respecto: "No quiero competencias para exhibirlas, sino para ejecutarlas. Pedir ahora la reforma del estatuto entraña más contenido político que competencial".

José Bono, presidente del Gobierno ...

La comunidad de Castilla-La Mancha, la tercera en extensión geográfica de todas las autonomías, es también la primera región de Europa por baja densidad de población: 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Las fuerzas políticas coinciden en reclamar nuevas competencias, pero sin necesidad de modificar el estatuto. El presidente de la Junta de Comunidades, el socialista José Bono, es explícito al respecto: "No quiero competencias para exhibirlas, sino para ejecutarlas. Pedir ahora la reforma del estatuto entraña más contenido político que competencial".

José Bono, presidente del Gobierno autónomo desde 1983, considera que las competencias más urgentes a solicitar son el Inserso (servicios sociales), Educación y el Insalud. Sin embargo, Bono se muestra prudente. Consciente de la "escasa infraestructura sanitaria" de su región, no desea que las nuevas transferencias supongan "recibir déficit". El vicepresidente del grupo parlamentario de Alianza, Popular en las Cortes regionales, José Rieta, afirma que su partido "no se ha planteado la modificación del estatuto y que en primer lugar es necesario asumir todas las competencias contempladas en el mismo". En su opinión, a las reclamadas por el Ejecutivo hay que añadir las referentes a "cámaras agrarias, cooperativas y aguas subterráneas".Francisco Ruiz Castillo, portavoz del CDS, señala como prioritarias la de Educación y .aquéllas que sirvan de palanca para el desarrollo económico". Para Ruiz Castillo, que no es partidario de "transferir por transferir", hay que mejorar "gradualmente" el sector económico y las infraestructuras de la región, ya que "el Fondo de Compensación Interterritorial no es suficiente para salvar el foso económico que existe en comparación con otras comunidades autónomas".

Valoración

Alianza Popular no hace una valoración positiva de la actuación del Gobierno regional en estos cinco años de régimen autonómico. Según José Rieta, "se ha gobernado por decreto. El Gobierno se ha limitado a presentar escasos proyectos de ley, poco significativos, y quedan grandes temas por abordar". Rieta cita entre ellos la "descentralización de la administración regional" para evitar que se "solapen las actuaciones de la Administración del Estado y la regional", y denuncia la existencia de un "nuevo centralismo de Toledo".

El representante del CDS, Ruiz Castillo, niega que Toledo desempeñe ese papel y afirma rotundo que "estos cinco años han hecho región". Sobre la administración regional opina que aún "no está vertebrada" debido a que "la mayoría de los funcionarios procede de distintas comunidades, lo que produce incertidumbre en el funcionario y servicios de baja calidad". Para Ruiz Castillo es necesaria "una ley que coordine las distintas administraciones, municipal, regional, central y las de la diputaciones".

José Bono, que asegura haber visitado mas de 700 pueblos de la región durante su mandato, declara el propósito de su Gobierno de "anular administrativamente las distancias", y aporta como dato que "el año pasado se generaron unos 400.000 escritos de salida y sólo dirigidos al presidente entraron más de 60.000". El presidente regional, que suele decir que "Castilla-La Mancha es una autonomía que se tiene que justificar a sí misma con sus obras", no oculta su satisfacción cuando señala que "desde 1982 a 1988 se han duplicado las inversiones en el sector público".

.Ruiz Castillo reconoce que ha habido esfuerzos del Gobierno autónomo, pero pocos hechos". Otra crítica a la gestión del Ejecutivo regional es que "la vida parlamentaria languidece", según afirma José Rieta, de AP. El diputado aliancista explica que "los períodos de sesiones están, limitados a cuatro meses al año, lo que dificulta el control del Gobierno". A José Bono ese tiempo le parece "suficiente y, además, es el que marca el estatuto".

El número total de plazas de funcionarios transferidas por la Administración central a esta comunidad desde 1982 hasta 1986 es de 9.055, algunas de las cuales no han sido cubiertas aún. El mayor contingente de personal fue adscrito al Gobierno regional en 1982, en el que fueron transferidas 4.831 plazas, 2.764 en 1984 y sólo 662 en 1986.

Organigrama

El organigrama del Ejecutivo castellano-manchego ha variado tras las últimas elecciones autonómicas. Continúan siendo ocho los departamentos, pero se ha sustituido el de adjunto a la Presidencia, tildado por la oposición de mera figura decorativa, por el de Relaciones Institucionales, cargo que ocupa el anterior consejero de Cultura.

Actualmente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está compuesta por ocho consejerías, con un mínimo cada una de una secretaría general técnica y dos direcciones generales. Excepto Relaciones Institucionales, el resto -Presidencia, Industria y Turismo, Economía y Hacienda, Agricultura, Educación y Cultura, Política Territorial y Sanidad y Bienestar Social- tienen delegaciones en cada una de las cinco provincias.

El número total de direcciones generales de lajunta es de 20. El departamento de Economía y Hacienda es el que más tiene -cinco-, y Eduación y Cultura e Industria y Turismo -con dos- los que menos.

El presupuesto aprobado por las Cortes regionales para el ejercicio de 1988 asciende a 89.216 millones de pesetas, de los que la mayor parte, más de 30.000 millones, se destinan a transferencias de capital, que suponen un incremento del 30% respecto al año pasado. El aumento total respecto al ejercicio anterior es de un 23,1 %, y sólo disminuye en un 0'4% el capítulo dedicado a bienes y servicios.

La crítica más repetida por la oposición cada año, en el momento de la elaboración de los presupuestos y de su aprobación por el pleno de las Cortes regionales, ha sido lo abultado del capítulo correspondiente a los gastos de personal, mientras que este año han señalado como excesivamente hinchado el de inversiones reales y muy devaluado el de gastos corrientes.

Respecto a la deuda pública, el Ejecutivo castellano-manchego ha realizado dos emisiones: una en 1984, de 2.000 millones de pesetas, para la creación de la Sociedad de Fomento Regional, entidad de capital-riesgo que fue disuelta el pasado mes de marzo, y otra de 1.000 millones para financiar el programa de actuación en inversión de estructuras agrarias y el Fondo Extraordinario de Acción Especial.

La duplicidad de delegaciones de la Administración central y autonómica es muy frecuente en todos los departamentos y, según el portavoz del Ejecutivo regional, José María Barreda, "es necesaria y urgente la reorganización de los servicios periféricos de la Administración central".

El Gobierno autónomo y el de la nación se hallan enfrentados judicialmente ante el Tribunal Constitucional por la ley de Presupuestos regionales de 1988, contra la cual el Ejecutivo central presentó un recurso.

Otro conflicto jurídico entre ambas Administraciones es el planteado por los funcionarios de Agricultura de Albacete, que presentaron un recurso contra la relación de puestos de funcionarios regionales, que fue fallado a su favor por la Audiencia Territorial el 3 de marzo, porque no se corresponde con la ley de la Función Pública a nivel nacional.