El Estado aportará 465.000 millones a los ayuntamientos en 1989
Las transferencias del Estado a los ayuntamientos en 1989 ascenderán a 465.000 millones de pesetas, en virtud del acuerdo alcanzado ayer entre los ministros de Economía y de Administraciones Públicas, Carlos Solchaga y Joaquín Almunia, respectivamente, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Tomás Rodríguez Bolaños.
El acuerdo sobre el sistema de financiación de los ayuntamientos pone fin al largo contencioso que mantenían la administración central y los municipios y permitirá la inmediata presentación al Congreso del proyecto de ley de financiación de ...
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Las transferencias del Estado a los ayuntamientos en 1989 ascenderán a 465.000 millones de pesetas, en virtud del acuerdo alcanzado ayer entre los ministros de Economía y de Administraciones Públicas, Carlos Solchaga y Joaquín Almunia, respectivamente, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Tomás Rodríguez Bolaños.
El acuerdo sobre el sistema de financiación de los ayuntamientos pone fin al largo contencioso que mantenían la administración central y los municipios y permitirá la inmediata presentación al Congreso del proyecto de ley de financiación de las haciendas locales que establece las fuentes de finaciación de estas corporaciones.
Para 1989, las subvenciones directas del Estado a los ayuntamientos se elevarán a 433.000 millones de pesetas, lo que representa unos 100.000 millones más que en el ejercicio anterior. De esta cantidad, unos 9.000 millones corresponden a la ciudad de Barcelona.
Además, los ayuntamientos recibirán unos 32.000 millones de pesetas por otros conceptos hasta obtener un total de 465.000 millones de pesetas. Así, recibirán unos 7.000 millones por liquidación del ejercicio anterior; 15.000 millones por quedar exentos de los gastos del catastro y 10.000 millones por aplicación de contribución urbana a los edificios públicos. No obstante, quedarán exentos de este tributo los edificios militares, acuartelamientos, centros de enseñanza y las cárceles.
Carlos Solchaga manifestó en una conferencia de prensa, celebrada después del acuerdo, que el coste adicíonal para el Estado ascendía a 175.000 millones de pesetas.
De esta cifra, unos 50.000 millones son consecuencia del impacto que tendrá la deducción en el impuesto sobre la renta de los tributos locales.
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