Juicio por delito ecológico contra el director de una central térmica de FECSA

"Vivimos en el Berguedà. Verdes, no lo arruinéis" y "térmica sí, cierre no", son los textos de dos de las pancartas que se desplegaron ayer frente a la Audiencia de Barcelona antes de que se iniciara el juicio contra el director de la central térmica de Cercs, Ernesto Domingo Ibars, y la compañía FECSA, propietaria de esta central, que seguirá hoy. Los ecologistas replicaron con otra pancarta, con el siguiente texto: "FECSA-Generalitat-Estado. El bosque también tiene derecho a vivir. Si hoy no hacemos lo imposible, mañana veremos lo increíble".Unas 120 personas de la comarca del Berguedi, al n...

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"Vivimos en el Berguedà. Verdes, no lo arruinéis" y "térmica sí, cierre no", son los textos de dos de las pancartas que se desplegaron ayer frente a la Audiencia de Barcelona antes de que se iniciara el juicio contra el director de la central térmica de Cercs, Ernesto Domingo Ibars, y la compañía FECSA, propietaria de esta central, que seguirá hoy. Los ecologistas replicaron con otra pancarta, con el siguiente texto: "FECSA-Generalitat-Estado. El bosque también tiene derecho a vivir. Si hoy no hacemos lo imposible, mañana veremos lo increíble".Unas 120 personas de la comarca del Berguedi, al norte de la provincia de Barcelona, viajaron hasta la capital catalana para asistir al juicio y fueron quienes desplegaron las primeras pancartas. La térmica está acusada por la emisión de gases que, en contacto con la atmósfera, se convierte en ácido sulfúrico, que en forma de lluvia ácida causa daños en la naturaleza y en las personas. La central da trabajo a unas 850 personas, y aunque Alternativa Verda, un grupo ecologista que ejerce la acusación particular, no solicita su cierre sino la instalación de filtros, la empresa argumenta que esa instalación hará inviable económicamente la explotación de la térmica.

En sus calificaciones provisionales el fiscal -además de seis meses de prisión y multa de medio millón de pesetas para Domingo Ibars, además de indemnizaciones a los perjudicados- sí solicita el cierre temporal de las instalaciones, pero es posible que rectifique tal petición.

Domingo Ibars afirmó en el juicio que no es posible "ni técnica ni económicamente" colocar los filtros necesarios para reducir las emanaciones de SO 2 y otros residuos sólidos, aunque tanto el fiscal como la acusación privada insistieron en que estos filtros, que cuestan unos 3.000 millones de pesetas, los facilitan varias empresas asentadas en España.

FECSA ha pagado cerca de 100 millones a ganaderos y agricultores de la comarca, algunas de cuyas vacas murieron al ingerir pasto contaminado. Las emanaciones han provocado necrosis en el arbolado y trastornos respiratorios en las personas.

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