CC OO acusa a Manuel Chaves de hacer una política tan antisocial como la de Carlos Solchaga
Los dirigentes de CC OO Agustín Moreno y Salce Elvira acusan a Chaves de aplicar una política tan antisocial como la de Solchaga y aseguran que el ministro de Trabajo ha aceptado las presiones de la patronal CEOE y la derecha en estos seis temas: expedientes de regulación de empleo, contratación temporal, derogación de las ordenanzas, ley de infracciones de los empresarios, cobertura del desempleo y pensiones. Moreno no comprende cómo el centro de todas las iras es siempre Solchaga, cuando Chaves lleva una línea similar y el primer responsable es el presidente del Gobierno.
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Los dirigentes de CC OO Agustín Moreno y Salce Elvira acusan a Chaves de aplicar una política tan antisocial como la de Solchaga y aseguran que el ministro de Trabajo ha aceptado las presiones de la patronal CEOE y la derecha en estos seis temas: expedientes de regulación de empleo, contratación temporal, derogación de las ordenanzas, ley de infracciones de los empresarios, cobertura del desempleo y pensiones. Moreno no comprende cómo el centro de todas las iras es siempre Solchaga, cuando Chaves lleva una línea similar y el primer responsable es el presidente del Gobierno.
"El Gobierno", afirma Agustín Moreno, "está convirtiendo a España en un paraiso de la flexibilidad laboral, la inseguridad, el recorte de derechos y la desprotección social". En una reunión que hace unos días mantuvo Comisiones con representantes del Fondo Monetario Internacional, éstos reconocieron que España es el país europeo que más ha avanzado en sustitución de trabajadores fijos por eventuales.Una de las cuestiones que más preocupa al sindicato es el aumento, en un 84%, de los expedientes de regulación de empleo autorizados por Trabajo sin que haya un previo acuerdo con los comités de empresa respectivos. Ese incremento se ha producido desde que en 1984 se inició lo que esta central denomina "la campaña de CEOE por el despido libre" hasta finales de 1987.
Otro dato aportado para demostrar el proceso de precarización de las relaciones laborales es el incremento de la contratación laboral. Durante el pasado año, de los cuatro millones de contratos registrados en las oficinas del Inem, tan sólo 90.000 eran indefinidos. Se acogieron a la modalidad de contrato por obra o servicio determinado 1.048.000 y, según las mismas fuentes, en la mayoría de los casos se incumple la obligación de precisar de qué obra se trata. Otros 853.770 contratos son eventuales por necesidades de la producción y hay empresas en las que la totalidad de la plantilla está en esa situación.
En el caso de los contratos indefinidos para mayores de 45 años, muy bonificados, Salce Elvira asegura que nadie comprueba si el empresario despide a esos trabajadores después de haber cobrado la subvención de 400.000 pesetas. El anuncio de la derogación de las ordenanzas laborales del metal y químicas, sin que previamente existan convenios de eficacia general, es para la central obrera otro "regalo a la patronal" porque conlleva un riesgo de inseguridad jurídica y pérdida de derechos para los trabajadores.
Las enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario socialista a la ley de infracciones y sanciones de los empresarios que recortan la posibilidad de sanciones en los convenios y en las obstrucciones al derecho de huelga, son dos argumentos más de Comisiones para demostrar que tiene éxito "la ofensiva de la patronal y la derecha".
Presiones de CEOE
Asimismo este sindicato denuncia las presiones que están recibiendo los controladores laborales por parte de los empresarios, la inspección de trabajo y la Administración, a través de intentos sistemáticos de reducir sus competencias. La citada ley de infracciones limita la capacidad de imponer sanciones a los inspectores de trabajo. Por ello, el colectivo de controladores ha convocado una huelga para el próximo día 23 con el apoyo de CC OO, Unión General de Trabajadores y la Asociacion de Controladores Laborales.Comisiones critica tambiénla reducción de la cobertura a los Parados y los efectos de la nueva ley de pensiones que ha recortado la pensión media de 62.417 pesetas mensuales a 49.115 pesetas y ha reducido el número de nuevos pensionistas que se incorporan cada año desde un 4,87% en el período 1967-1985 a un 2,57% entre 1985 y 1987.
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