Interior supo por un abogado la condena al guardia que mató a un hombre en un control

Más de siete años después de que Julián Martínez Navarro muriera, en un control de la Guardia Civil próximo a la localidad madrileña de San Martín de la Vega, de un disparo realizado por el guardia Ramón Marín Rozales, la viuda del fallecido continúa sin recibir la indemnización de 4.497.514 pesetas fijada por la Audiencia Provincial de Madrid el 5 de febrero de 1986. Según el Ministerio del Interior, el retraso se debe a que la Dirección General de la Guardia Civil "no tuvo conocimiento de la sentencia hasta el 4 de diciembre pasado", cuando el abogado envió a Interior el tercer requerimient...

Más de siete años después de que Julián Martínez Navarro muriera, en un control de la Guardia Civil próximo a la localidad madrileña de San Martín de la Vega, de un disparo realizado por el guardia Ramón Marín Rozales, la viuda del fallecido continúa sin recibir la indemnización de 4.497.514 pesetas fijada por la Audiencia Provincial de Madrid el 5 de febrero de 1986. Según el Ministerio del Interior, el retraso se debe a que la Dirección General de la Guardia Civil "no tuvo conocimiento de la sentencia hasta el 4 de diciembre pasado", cuando el abogado envió a Interior el tercer requerimiento judicial a la Administración.

El 30 de noviembre de 1987, el abogado José Folguera se dirigió al ministro del Interior José Barrionuevo, y le adjuntó el requerimiento efectuado por el juez de instrucción de Aranjuez, en el que recordaba al letrado del Estado "por tercera vez" el pago de la mencionada indemnización. El abogado rogaba al ministro que hiciera cualquier gestión que pudiera "a fin de poder solucionar el doloroso problema humano que se está creando a la perjudicada, que siete años después de la muerte de su marido", decía, "aún no ha percibido cantidad alguna".El 20 de enero de 1988, José Ramón Onega, inspector general de servicios y coordinador de las relaciones de Interior con los servicios jurídicos del Estado ante los tribunales, contestaba a Folguera que el director general de la Guardia Civil había ordenado "la instrucción del expediente para habilitar o transferir crédito suficiente a fin de abonar a la familia de la víctima" la indicada indemnización.

Retraso

Onega añadía al letrado la siguiente explicación: "El retraso producido se debe a que la referida dirección general no tuvo conocimiento de la sentencia hasta el 4 de diciembre pasado, fecha en que usted efectuó la comunicación".Folguera expresó a este periódico su sorpresa ante esta explicación, ya que "el Ministerio del Interior, por medio de los letrados del Estado, ha sido parte a lo largo de todo el procedimiento, tanto en el Juzgado de Instrucción como en la Audiencia Provincial e incluso en el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional".

El abogado manifestó su asombro ante el hecho de que Interior tuviera que conocer la sentencia "en virtud de una gestión que podemos calificar de fortuita e hija de la indignación, varios años después de la sentencia".

La muerte de Julián Martínez Navarro se produjo el 6 de septiembre de 1980, cuando se encontraba, junto a otro acompañante, en el interior de su vehículo, detenido en un control de la Guardia Civil.

El disparo del guardia Ramón Marín Rozales, fue hecho a muy corta distancia, a través de la ventanilla del vehículo. Según la declaración que Marín efectuó en su día, la víctima hizo ademán de dirigirse a la guantera del vehículo, por lo que el guardia civil creyó que iba a agredirle y disparó.