Chile estudia poner fin al convenio de extradición si España no entrega a Bunster
El régimen militar de Chile estudia la posibilidad de terminar con el convenio hispano-chileno de extradición, por la negativa del Gobierno español a entregar a aquel país a César Bunster Aristía, acusado por la justicia chilena de estar involucrado en el fallido atentado contra el general Augusto Pinochet. El embajador de España en Chile, Félix Fernández Shaw, se reunió el martes con el ministro de Exteriores chileno, Ricardo García, para tratar, entre otros temas, la eventual denuncia del tratado, vigente desde 1897. Al término de la entrevista, el portavoz de Exteriores chileno, Carlos ...
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El régimen militar de Chile estudia la posibilidad de terminar con el convenio hispano-chileno de extradición, por la negativa del Gobierno español a entregar a aquel país a César Bunster Aristía, acusado por la justicia chilena de estar involucrado en el fallido atentado contra el general Augusto Pinochet. El embajador de España en Chile, Félix Fernández Shaw, se reunió el martes con el ministro de Exteriores chileno, Ricardo García, para tratar, entre otros temas, la eventual denuncia del tratado, vigente desde 1897. Al término de la entrevista, el portavoz de Exteriores chileno, Carlos Ducci, confirmó que se había discutido la extradición de Bunster y que no se podía descartar que Chile denunciara el tratado de extradición con España.
Por su parte, el embajador español, Félix Fernández Shaw, declaró a este periódico: "Bunster no se encuentra ahora en España".
La justicia militar chilena acusó a Bunster, hijo de un ex embajador de Chile en Londres durante el Gobierno de Salvador Allende, de alquilar una vivienda y vehículos que fueron utilizados por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) durante el atentado contra Pinochet, en 1986. Sobre la base de antecedentes policiales que señalaron que Bunster residía en Málaga -donde vive su madre- el régimen de Pinochet pidió en julio de 1987 la extradición.
Magnicidio
El Consejo de Ministros rechazó en agosto la extradición, y por esa época fuentes policiales señalaron a EL PAÍS que Bunster probablemente entraba y salía de España con pasaporte de un tercer país, por lo que era ilocalizable. Pero el Gobierno chileno insistió a fines de septiembre en una nueva petición de extradición, que fue también rechazado por una sencilla razón: Bunster, que estuvo en España, ya no se encuentra en el país. El fiscal militar que investiga el atentado contra Pinochet, Fernando Torres, sostuvo en esta segunda petición los argumentos centrales que el régimen de Pinochet ha alegado: que el tratado obliga a España a entregar a Bunster y que un delito de magnicidio frustrado no tiene un carácter político.Sin embargo, el Ministerio de Exteriores español considera que el convenio no establece la obligatoriedad de extradición. Además, en una entrevista que el ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, concedió a una radio chilena el año pasado, sostuvo que el Consejo de Ministros rechazó la primera solicitud de extradición por la posibilidad de que Bunster fuera condenado a muerte en Chile y por datos de la legislación española. [El Ministerio de Exteriores español no tenía ayer ningún comentario que hacer sobre este asunto. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, reiteró ayer en Brasil que se rechazó la extradición porque se le puede aplicar la pena de muerte y porque iba a ser juzgado por un tribunal militar.
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