Absuelto el ingeniero italiano que criticó una construcción junto al acueducto de Segovia

La Audiencia Provincial de Segovia ha absuelto al ingeniero italiano Giuliano Cannata de un presunto delito de injurias graves contra Alberto García Gil, arquitecto autor del proyecto y copropietario de un edificio junto al acueducto de Segovia, paralizado por la Dirección General de Bellas Artes en junio de 1983.

Cannata, vicepresidente de la Lega per L'Ambente, la mayor asociación ecologista de Italia, denunció en un artículo en el diario local El Adelantado de Segovia "la sustracción a todos de un patrimonio único y común a favor de unos cuantos metros cúbicos para unos pequeñ...

La Audiencia Provincial de Segovia ha absuelto al ingeniero italiano Giuliano Cannata de un presunto delito de injurias graves contra Alberto García Gil, arquitecto autor del proyecto y copropietario de un edificio junto al acueducto de Segovia, paralizado por la Dirección General de Bellas Artes en junio de 1983.

Cannata, vicepresidente de la Lega per L'Ambente, la mayor asociación ecologista de Italia, denunció en un artículo en el diario local El Adelantado de Segovia "la sustracción a todos de un patrimonio único y común a favor de unos cuantos metros cúbicos para unos pequeños, ridículos, especuladores de provincia".La acusación particular pedía para Cannata una condena de seis años de destierro fuera de la capital de Segovia y una indemnización de cinco millones de pesetas, mientras que el fiscal, basándose en el derecho constitucional a la libertad de expresión, solicitó la libre absolución del procesado. En el juicio, el abogado defensor de Cannata, Carlos Carrasco-Muñoz de Vera, aparte de hacer hincapié en el sobreseimiento de la causa, pidió que la Audiencia realizara averiguaciones sobre las circunstancias en las que se había redactado el plan parcial de la zona del Acueducto y las presuntas incompatibilidades de García Gil para llevar a cabo este trabajo mientras que era funcionario de la Dirección General de Bellas Artes.

Según ha declarado a este periódico Carlos Carrasco Muñoz, ha existido "corrupción administrativa en el proyecto, porque los integrantes del equipo que redactó el plan del Acueducto -que autoriza la concesión de la licencia- son incompatibles". "A la luz de las declaraciones en el juicio", ha añadido Carlos Carrasco-Muñoz, "un colectivo me ha encargado el ejercicio de una acción popular para la anulación del plan, del proyecto y de las autorizaciones para su construcción, en base a la ilegalidad de todo ello".

Por un decreto de la Junta de Castilla y León, se abrió un expediente de expropiación de varias plantas del edificio, que no se ha ejecutado aún por un recurso de la inmobiliaria afectada.