El embrollo eléctrico

EL 6,02% de aumento de las tarifas eléctricas, porcentaje propuesto por el Ministerio de Industria y Energía en el expediente enviado ayer a la consideración de la Junta Superior de Precios, seguramente levantará ampollas cuando la propuesta llegue a manos del Consejo de Ministros, una vez que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la analice el próximo día 14. Ese 6,02% constituye un porcentaje desorbitado si se tiene en cuenta que el objetivo de inflación para este año es el 3%, y que será en tomo a dicho dígito donde se situarán los incrementos salariales de la mayoría de...

EL 6,02% de aumento de las tarifas eléctricas, porcentaje propuesto por el Ministerio de Industria y Energía en el expediente enviado ayer a la consideración de la Junta Superior de Precios, seguramente levantará ampollas cuando la propuesta llegue a manos del Consejo de Ministros, una vez que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la analice el próximo día 14. Ese 6,02% constituye un porcentaje desorbitado si se tiene en cuenta que el objetivo de inflación para este año es el 3%, y que será en tomo a dicho dígito donde se situarán los incrementos salariales de la mayoría de los ciudadanos españoles. Ello justificaría de entrada el posible rechazo de otros departamentos ministeriales que han tenido menos suerte al ver rebajadas sus demandas de aumentos para sus respectivas competencias.Pero la propuesta de Industria para las eléctricas es susceptible de críticas desde otros aspectos. Aumentar al consumidor en un 6,02% la factura eléctrica supone que, una vez más, se recurre al manido expediente de cargar sobre los bolsillos de la ciudadanía los graves problemas financieros del sector eléctrico. Una solución demasiado simple para un problema tan complejo y tan prolijamente debatido, cuya responsabilidad puede distribuirse sobre diversos hombros: los gestores de las empresas, que afrontaron con un optimismo digno de mejor causa el endeudamiento nuclear; la banca, que facilitó los créditos para ese endeudamiento y que se ha beneficiado en su doble calidad de accionista y financiador; la Administración, que ha ido dibujando a lo largo del tiempo una extraña situación del sector eléctrico, que es de propiedad privada pero con absoluta tutela pública, inmerso en un mar de intereses creados. Y entre los responsables de la situación no figuran ni los consumidores, que siempre han pagado las tarifas que se les han impuesto, ni -lo que es lo mismo- los contribuyentes, que no deberían ser de nuevo los paganos víctimas.

Tampoco parece razonable aumentar un 6%. las tarifas eléctricas cuando la industria española necesita aquilatar al máximo sus costes para competir en Europa. Sectores como la siderurgia o la química, que figuran entre los grandes consumidores de electricidad, se quejan desde hace tiempo del exorbitante precio de la electricidad española. Y no les falta razón, si se tiene en cuenta que la electricidad se ha incrementado en Francia un 5,7% desde 1983 (y este último año ahí se ha abaratado) mientras en España se ha encarecido en el núsino período un 40,31%; el kilovatio cuesta en Francia 5,3 pesetas y en España 10,3 pesetas.

Nadie ignora que los problemas del sector eléctrico son reales y muy graves. El coste de la producción de energía en el sector eléctrico español difiere sensiblemente de una a otra empresa, según la composición de sus centrales productivas (la energía de origen nuclear está siendo, de momento, más cara). También resulta cara nuestra producción eléctrica a partir del carbón, e interviene ahí otro complejo factor: la minería española del carbón subsiste gracias a las compras de las eléctricas, lo que supone que este sector minero dependa asimismo de las tarifas eléctricas. La homogeneización de costes intentada en el proceso de intercambio de activos no ha logrado superar del todo esas diferencias.

Las mejores soluciones no suelen ser las más sencillas de aplicar. Se impone, por tanto, la búsqueda de unas fórmulas más imaginativas que el simple traspaso lineal de la factura al consumidor para resolver los problemas financieros del sector eléctrico. La mejor solución afectaría sin duda a la banca -que conoce bien los vericuetos del sector tras la terapia de choque aplicada a FECSA-, a la Administración y a las propias empresas. Pero no vale invocar la protección de la solvencia española ante la banca extranjera -gran financiadora del sector eléctrico- parajustificar un drástico aumento de tarifas con el que salir del paso. Todo antes que penalizar a quienes no han tenido arte ni parte en el embrollo eléctrico español.