El Consejo de Europa aprueba un presupuesto extraordinario para el Tribunal de Estrasburgo
El Consejo de Europa ha aprobado un presupuesto extraordinario para intentar resolver los problemas económicos de la Comisión de los Derechos Humanos y del Tribunal Internacional de Estrasburgo. Este último padece una crisis de fondo: las grandes potencias se muestran reacias a una revisión a fondo del Convenio de los Derechos Humanos aprobado en 1950 y poner en marcha una potenciación de sus órganos judiciales.
A pesar del recorte global de un 0,41% que sufrirá el presupuesto del Consejo de Europa para 1988 respecto al ejercicio anterior, la partida destinada a la financiación de la Co...
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El Consejo de Europa ha aprobado un presupuesto extraordinario para intentar resolver los problemas económicos de la Comisión de los Derechos Humanos y del Tribunal Internacional de Estrasburgo. Este último padece una crisis de fondo: las grandes potencias se muestran reacias a una revisión a fondo del Convenio de los Derechos Humanos aprobado en 1950 y poner en marcha una potenciación de sus órganos judiciales.
A pesar del recorte global de un 0,41% que sufrirá el presupuesto del Consejo de Europa para 1988 respecto al ejercicio anterior, la partida destinada a la financiación de la Comisión de los Derechos Humanos y del Tribunal Internacional de Estrasburgo experimentará un aumento del 1,75%, dados los graves problemas que atraviesa. Este incremento es, sin embargo, sensiblemente inferior al sugerido por el presidente del Consejo de Europa, Marcelino Oreja, quien pedía una subida del 2,12% para el aparato judicial a pesar de proponer para el resto de las instituciones un presupuesto de crecimiento 0. Sólo media docena de países han respaldado este esfuerzo, mientras Gran Bretaña y Suecia han sido los dos países más reacios a conceder la ayuda extraordinaria a la Comisión y al Tribunal.Los problemas económicos del aparato judicial han provocado, en opinión de los sectores más críticos, su práctica paralización. En 1987 se le destinaron 32.826.000 francos franceses (657.520.000 millones de pesetas), de los que España aportó un poco más del 6%. La carga principal recae sobre Francia, Reino Unido, Italia y la República Federal Alemana.
La Corte de Estrasburgo está amenazada, además, por otras cuestiones de tipo estructural que únicamente se zanjarían con una revisión del actual Convenio de los Derechos Humanos, firmado en 1950. Esta reforma podría comportar la fusión de la Comisión de Derechos Humanos con el Tribunal Internacional, y una acentuación de su independencia respecto al comité de ministros en todos los asuntos estrictamente jurídicos, lo que potenciaría a estos órganos judiciales.
La reforma del aparato judicial de Estrasburgo ha sido reiteradamente discutida. En la I Primera Conferencia ministerial europea sobre los derechos del hombre, celebrada en Viena el año 1985, ya se estudió una propuesta suiza que sugería la fusión de los dos organos jurídicos. Sus partidarios sostienen que ello permitiría agilizar los trámites jurídicos y eliminar duplicidades. Actualmente, por término medio una demanda tarda en llegar al Tribunal Internacional cinco años, por los filtros y obstaculos de la Comisión. Peter Leuprecht, director de los Derechos del Hombre en el Consejo de Europa, lo considera paradójico, pues más del 30% de las demandas ya arrastran graves perjuicios por las tardanzas de los propios aparatos judiciales nacionales al juzgar los casos.
La propuesta de fusión de los dos órganos jurídicos conllevaría además que los particulares pudieran plantear sus casos directamente ante el Tribunal Internacional, mientras hasta ahora eso está limitado a los Estados o a la propia Comisión. Este proyecto se complementa con otras medidas para convertir al tribunal en un organo permanente o semi permanente, profesionalizando los jueces y eliminando el pluriempleo de estos en sus paises de origen. Otro aspecto de la reforma sería la limitación o eliminación de las ingerencias del comité de ministros en los trámites de las demandas.
Peter Leuprecht opina que la resistencia de ciertos Gobiernos europeos a aceptar estas reformas se debe a razones políticas, al temor a una potenciación del Tribunal Internacional. "Muchos Gobiernos quieren que este organo judicial tenga un papel estrictamente decorativo, para que no cree incomodidades por incrementar su eficacia en la tutela de los Derechos Humanos", asegura otro funcionario de Estrasburgo.