El fiscal del Estado renuncia a la acción contra tres miembros del Gobierno

El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, no promoverá acciones penales contra el presidente del Gobierno, Felipe González, y los ministros del Interior, José Barrionuevo, y Justicia, Fernando Ledesma, por el presunto delito de denegación de auxilio a la justicia en relación con la investigación de supuestas torturas infligidas a Tomás Linaza. Por su parte, la juez Elisabeth Huerta, según fuentes jurídicas vascas, archivará las diligencias complementarias que inició de oficio contra los tres miembros de] Gobierno.

En fuentes próximas a Moscoso se admitió que la fiscalía, siempre que...

El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, no promoverá acciones penales contra el presidente del Gobierno, Felipe González, y los ministros del Interior, José Barrionuevo, y Justicia, Fernando Ledesma, por el presunto delito de denegación de auxilio a la justicia en relación con la investigación de supuestas torturas infligidas a Tomás Linaza. Por su parte, la juez Elisabeth Huerta, según fuentes jurídicas vascas, archivará las diligencias complementarias que inició de oficio contra los tres miembros de] Gobierno.

En fuentes próximas a Moscoso se admitió que la fiscalía, siempre que tiene conocimiento de la comisión de un delito, se encuentra legalmente obligada a iniciar acciones penales. Sin embargo, en relación con las informaciones según las cuales González, Barrionuevo y Ledesma contestaron hace meses a la juez Huerta asumiendo su responsabilidad en la orden de incomparecencia de guardias civiles ante dicha magistrada, las mencionadas fuentes afirmaron que "no cabe presuponer que dichas autoridades han reconocido la existencia de un delito".Lo único que consta a la fiscalía de Bilbao, que se encuentra personada en dichas diligencias, es una comunicación institucional del Gobierno a la juez Huerta "que no ha dado lugar a ninguna incoación de acción penal". Según tales fuentes, en la fiscalía general del Estado se desconoce el contenido de tal comunicación, "pero por los datos que conoce el fiscal de Bilbao, no existe motivo para la iniciación de ninguna acción penal contra el presidente y dos ministros del Gobierno".

Otras fuentes jurídicas vascas aseguraron que es muy probable que la juez Huerta archive en los próximos días las diligencias que inició de oficio para averiguar si existió la orden del Gobierno para que no comparecieran 90 guardias civiles llamados por la magistrada para un reconocimiento en rueda.

Acusación no personada

Contra dicho archivo no recurrirá el fiscal y tampoco podrá hacerlo por el momento la acusación particular, ya que no se encuentra personada en la causa. El abogado de la acusación particular, Txema Montero, se encontraba ayer en Estrasburgo, como eurodiputado de HB, pero la abogada que le sustituye, Jone Goiricelaya, confirmó a EL PAÍS la no personación en dichas diligencias, si bien anuncié la intención de personarse en las mismas.Según las fuentes jurídicas antes citadas, en la decisión de archivo de la juez Huerta pesará probablemente que la inicial obstrucción a su actuación investigadora fue seguida de una total inhibición gubernamental, que permitió la prosecución de la investigación, concluida recientemente con la elevación a la Audiencia Provincial de Bilbao de la propuesta de procesamiento contra 12 guardias civiles. Por el contrario, estiman que, de haberse mantenido tal obstrucción, la juez Huerta habría elevado las actuaciones al Tribunal Supremo, por el presunto delito de desobediencia o denegación de auxilio a la justicia de los tres miembros del Gobierno. En este caso, el fiscal habría solicitado a la Sala Segunda del Supremo su no admisión a trámite

Entre las diligencias complementarias ordenadas por la juez Huerta figura la declaración del teniente coronel José Álvarez Alonso, jefe de la sección de justicia de la dirección general de la Guardia Civil y firmante del oficio remitido el 28 de agosto de 1986, según el cual "el Gobierno de la nación ha acordado que no se cursen órdenes de comparecencia a los [guardias civiles] relacionados". También recabó las actas de las sesiones parlamentarias del 17 y 18 de septiembre de 1986, en las que Barrionuevo y Ledesma reconocieron la existencia de tal acuerdo.

La juez Huerta solicitó más tarde confirmación de éste hecho del presidente y los dos ministros del Gobierno, que lo cumplimentaron en la primavera pasada. De acuerdo con lo señalado por Ledesma en el Parlamento, el Gobierno no pretendió "la resistencia definitiva a una decisión judicial, que no era firme".