Chaves da por cerrada la posibilidad de un pacto social único

Manuel Chaves, ministro de Trabajo, dio ayer por cerrada cualquier posibilidad de lograr un pacto social cerrado y único a tres años, aunque queda abierto el diálogo y la negociación. Chaves -según informa desde Aficimte Joaquím Genís- dijo que la, negativa de los interlocutores sociales a discutir los Presupuestes Generales del Estado antes de ser aprobados por el Gobierno, "ha impedido la concertación social", como la propuesta por el presidente del Gobierno. El ministro aclaró, sin embargo, que "puede haber diálogo social dentro de los límites fijados por el Gobierno en los Presu...

Manuel Chaves, ministro de Trabajo, dio ayer por cerrada cualquier posibilidad de lograr un pacto social cerrado y único a tres años, aunque queda abierto el diálogo y la negociación. Chaves -según informa desde Aficimte Joaquím Genís- dijo que la, negativa de los interlocutores sociales a discutir los Presupuestes Generales del Estado antes de ser aprobados por el Gobierno, "ha impedido la concertación social", como la propuesta por el presidente del Gobierno. El ministro aclaró, sin embargo, que "puede haber diálogo social dentro de los límites fijados por el Gobierno en los Presupuestos del Estado para 1988".

Las ideas expuestas por el ministro de Trabajo en Alicante encajan dentro de la dinámica negociadora que parece haber impuesto UGT. Mientras Manuel Chaves reconocía en Alicante la imposibilidad de abordar un pacto socia en línea con la idea de acuerdo único y cerrado, en Madrid Apolinar Rodríguez, secretario de acción sindical de UGT, presentaba la plataforma que la central socialista llevará a la mesa de negociación de la función pública, dentro de sus tesis de abordar la concertación social en bloques diferenciados.

UGT, según explicó Apolinar Rodríguez -que estuvo acompañado por Santiago Nieves, responsable de la federación de servicios públicos, y Encarnación Asensio, de enseñanza- pedirá un incremento salarial para los funcionarios de dos puntos más que la inflación prevista, un fondo adicional para equilibrar diferencias retributivas y cláusula de revisión. Los dos puntos por encima de la inflación que pide la UGT supone un coste de 30.000 millones de pesetas.

Apolinar Rodríguez indicó que estas reivindicaciones se hacían independientemente de que hubiera o no acuerdo, Y de que se hubieran cerrado o no los Presupuestos del Estado. El dirigente sindical subrayó que la elaboración de los presupuestos es una responsabilidad del Gobierno, y que "siempre hay fórmulas para encajar estas peticiones".

La responsabilidad

Manuel Chaves dijo que no era responsabilidad del Gobierno que los interlocutores sociales no hubieran aceptado la oferta de hacer un diagnóstico de la situación macroeconómica del país y determinar conjuntamente las prioridades presupuestarias. Chaves, quien afirmó que, al no haberse aceptado este debate, en sentido estricto no puede hablarse ya de pacto social, desdramatizó la nueva situación, argumentando que "si no hay concertación social tampoco pasa nada, y el Gobierno seguirá intentado alcanzar los objetivos económicos previstos en su política, aunque, evidentemente, la concertación facilitaría esa tarea.

No descartó el ministro la posibilidad de un otoño caliente aun -que puntualizó que "eso dependerá de que sindicatos y empresarios se pongan de acuerdo en los incrementos salariales a pactar en cada convenio".

Por su parte, Apolinar Rodríguez, argumentó que la falta deacuerdo o pacto social no podía ser un obstáculo para que los sindicatos ejercitaran su derecho a la negociación colectiva en la función pública. Y que, además de los temas salariales -cálculos sindicales apuntan a que los funcionarios han perdido un 20% en poder adquisitivo del 1978-, la UGT quiere llevar a las mesas de negociación el estudio de las ofertas de empleo público, las condiciones de las clases pasivas y, sobre todo, que se establezca un sistema de negociación colectiva en la función pública.