Aires de disputa en Canarias

El proyecto de crear una compañía aérea para cubrir los vuelos entre las islas canarias enfrenta al Ministerio de Industria y a la Administración autonómica canaria, aunque tiene visos de adquirir pronto mayor altura. La empresa recibiría unos 10.000 millones de pesetas de subvención estatal. Pero empresarios y políticos canarios han puesto numerosos inconvenientes, centrados principalmente en su rechazo a que los aparatos que utilizaría la sociedad serían los construídos conjuntamente por la sociedad pública española Construcciones Aeronáuticas (CASA) y la compañía indonesa Nurtanio.

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El proyecto de crear una compañía aérea para cubrir los vuelos entre las islas canarias enfrenta al Ministerio de Industria y a la Administración autonómica canaria, aunque tiene visos de adquirir pronto mayor altura. La empresa recibiría unos 10.000 millones de pesetas de subvención estatal. Pero empresarios y políticos canarios han puesto numerosos inconvenientes, centrados principalmente en su rechazo a que los aparatos que utilizaría la sociedad serían los construídos conjuntamente por la sociedad pública española Construcciones Aeronáuticas (CASA) y la compañía indonesa Nurtanio.

Las divergencias existentes entre la Administración socialista y el Gobierno canario, de centro-derecha, en torno al proyecto de crear una compañía aérea de tercer nivel, encargada de realizar vuelos interinsulares y que se presenta como un servicio complementario pero no sustitutivo, del hasta ahora realizado por la compañía estatal Iberia, puede convertirse en el primer punto de fricción y polémica entre los Gabinetes de Felipe González y Fernando Fernández.Las diferencias, que estriban esencialmente en la oposición canaria a la elección de los CASA Nurtanio 235 (un modelo aeronaútico muy moderno, según el Ministerio de Industria, que va a exportarse próximamente a Estados Unidos y que las fuerzas del pacto canario consideran poco apropiado para las islas), se han recrudecido tras unas declaraciones del ministro Luis Carlos Croissier que han sembrado el malestar en medios políticos del poder. Para Croissier, "el Gobierno de Canarias no tiene nada que decir sobre los. aviones que en su caso haya de utilizar la compañía de tercer nivel".

Estas declaraciones, realizadas al inicio de las habituales vacaciones estivales de Croissier en su ciudad natal, Arucas (Gran Canaria), fueron rápidamente contestadas por la vicepresidencia canaria. "La autonomía implica", señalaba una nota del Gobierno autónomo, "no sólo decidir en las materias propias de su competencia, sino opinar en cuanto afecte al archipiélago".

Amplio debate

También el Gobierno de Fernández ha manifestado su intención de dirigirse oficialmente a Madrid para pedir que se agilice el proyecto, que en un principio estaba previsto ponerse en marcha el próximo año y que en la actualidad está congelado. Canarias también solicitará un amplio debate sobre la idoneidad de los CASA-N-23, un modelo del que ha llegado a decirse que en realidad fue concebido para uso militar, término que en su día desmintió Croissier. "Lo que ocurre", explicó el ministro, "es que es un avión que puede servir para uso civil y militar", y añadió que el CN-235 cuenta con un certificado de la administración federal aérea estadounidense.

Pero, por si las dificultades fueran pocas, las empresas canarias anunciaron su intención de no aportar capital alguno para el sostenimiento de la sociedad, en vías de creación, que gestionará la compañía de tercer nivel "debido a los altos déficit iniciales que se producirán y a que siempre estarán en minoría en el consejo de administración", según el consejero de Turismo y Transportes del Gobierno canario, Blas Rosales. Éste, a diferencia del vicepresidente del Ejecutivo, Lorenzo Olarte, considera que es Madrid quien únicamente tiene competencia en la materia y, por tanto, derecho a decidir sobre el tipo de modelo a implantar.

El consejero, que afirma que personalmente sigue teniendo sus dudas acerca de la idoneidad de los CN-235, ha desmentido que la comunidad autónoma tenga intención de contribuir a la financiación del proyecto. "El Gobierno [autónomo]", explicó Rosales, "no tiene dinero para estar presente como grupo financiero del tercer nivel".