Diferencias entre Hacienda y el MOPU sobre la desgravación fiscal para vivienda

Los ministros de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y de Obras Públicas, Javier Sáenz Cosculluela, han mantenido diversas reuniones para tratar de ponerse de acuerdo sobre la desaparición total o al menos reducción significativa de la desgravación fiscal por la compra de viviendas. Hacienda piensa que en el caso de segundas viviendas debe desaparecer, mientras que Obras Públicas considera que podría significar una caída del sector.La elaboración del próximo plan cuatrienal de vivienda, para el período 1988-1991, está sacando a la luz las discrepancias existentes entre los dos departamentos,...

Los ministros de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y de Obras Públicas, Javier Sáenz Cosculluela, han mantenido diversas reuniones para tratar de ponerse de acuerdo sobre la desaparición total o al menos reducción significativa de la desgravación fiscal por la compra de viviendas. Hacienda piensa que en el caso de segundas viviendas debe desaparecer, mientras que Obras Públicas considera que podría significar una caída del sector.La elaboración del próximo plan cuatrienal de vivienda, para el período 1988-1991, está sacando a la luz las discrepancias existentes entre los dos departamentos, que tienen que plantearse el marco de actuación desde la Administración. Hacienda considera que ha llegado el momento de desmontar la mayor parte de las ayudas que recibió el sector de la construcción durante los últimos años, mientras que Obras Públicas considera que todavía es pronto y que habría que hacerlo en un plazo mayor.

La Administración ha venido incurriendo en los últimos años en dos tipos de costes para apoyar la actividad del sector de la construcción, uno de los más deprimidos por la crisis económica y en el que el nivel de paro ha crecido de forma más fuerte. Uno de los costes procedía de la subvención directa de los tipos de interés de los créditos hipotecarios que se concedían para la financi ación de las viviendas de protección oficial, fueran de promoción pública o privada, y las ayudas a fondo perdido para determinados colectivos con niveles de renta más bajos. El segundo coste, el fiscal, se deriva de la consideración como gasto fiscal deducible a los intereses pagados por la adquisición de viviendas y de la posibilidad de desgravar una parte de los capitales invertidos en dichas compras. El primer coste representará unos 500.000 millones de pesetas en los próximos 12 años, mientras que lo que ha venido siendo el segundo en estos ejercicios no está calculado de forma exacta.

Todas estas ayudas no se discutían hasta ahora por la situación de crisis por la que atravesaba el sector de la construcción y la economía en general. Pero en la actualidad, y siguiendo lo ya iniciado hace un par de años, el Ministerio de Economía considera que hay que eliminarlas. Utilizando argumentos de política-fiscal redistributiva se empieza a señalar que no es lógico primar fiscalmente la adquisición de segundas o terceras residencias y que no se debe mantener que el conjunto de los ciudadanos contribuyan a la acumulación de patrimonio de algunos propietarios.

Fiscalidad distinta

Incluso, se señala, existe un desequilibrio en el tratamiento fiscal de los propietarios de viviendas, aunque sean para uso propio, y las personas que están en régimen de alquiler, por cuyos costes no se desgrava.

Frente a estos argumentos que utiliza el Ministerio de Economía y Hacienda, planteables políticamente ahora por la mejora de la situación económica general y del propio sector de la construcción en concreto, los responsables de Obras Públicas consideran que es pronto para tomar estas medidas y que un cierre drástico podría significar una paralización del sector. Se reconoce que los costes en que incurre el Estado por las ayudas al sector son muy elevados, pero se señala, al tiempo, que la rentabilidad social de los mismos es innegable. La mayor actividad del sector, el mayor empleo generado, constituyen el principal activo de estos planteamientos, junto a la posibilidad de acceso a la propiedad de colectivos de población que, de otra forma, no habrían podido.

También se mantiene la creencia de que el conjunto de las ayudas que se suministran hacia el sector de la vivienda no repercuten completamente sobre los adquirentes de las mismas, sino que al menos en parte se desvían de forma clara hacia los promotores y constructores ya que cualquier disposición que se tome ampliando las ayudas se traduce en un encarecimiento de los pisos.

Uno de los temas más polémicos es qué pasará, en el caso de que se suprima la desgravación fiscal para las segundas viviendas, con los propietarios que compraron antes. Fuentes de los dos ministerios señalaron que, salvo un disposición específica que reconozca los "derechos adquiridos" por los compradores, desaparecería de forma automática la posibilidad de seguir desgravándose por compras anteriores.