El INE pretende convertirse en Secretaría de Estado y depender del Ministerio de Administraciones Públicas
La vieja pretensión de dar aire al Instituto Nacional de Estadística (INE) y adecuarlo a la organización del Estado parece haber adquirido tono en los últimos días. En el Ministerio de Economía y Hacienda circula un anteproyecto de ley por el que el INE adquiriría rango de Secretaría de Estado de Estadística y pasaría a depender del Ministerio de Administraciones Públicas. Su titular, Joaquín Almunia, afirma desconocer cualquier intento de traspasar el organismo a su área.La existencia de un "segundo borrador de informe y anteproyecto de ley de Estadística" en el Ministerio de Economía y H...
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La vieja pretensión de dar aire al Instituto Nacional de Estadística (INE) y adecuarlo a la organización del Estado parece haber adquirido tono en los últimos días. En el Ministerio de Economía y Hacienda circula un anteproyecto de ley por el que el INE adquiriría rango de Secretaría de Estado de Estadística y pasaría a depender del Ministerio de Administraciones Públicas. Su titular, Joaquín Almunia, afirma desconocer cualquier intento de traspasar el organismo a su área.La existencia de un "segundo borrador de informe y anteproyecto de ley de Estadística" en el Ministerio de Economía y Hacienda, indica que hubo un primero. Según algunas fuentes consultadas, su autoría estaría localizada en el propio Instituto Nacional de Estadística, ya que "su contenido eleva la categoría del organismo- de una manera que no es compartida por casi nadie dentro de la Administración".
El anteproyecto contempla un cambio orgánico sustantivo: se crearía una Secretaría de Estado de Estadística, cuyo titular es el presidente del INE. Es decir, se eleva la categoría del actual director general del instituto para dar dos saltos administrativos. Las mismas fuentes indicaron que la propuesta "forma parte de la idiosincrasia del actual director del INE, Javier Ruiz-Castillo. Carlos Solchaga no se ha pronunciado todavía". El mismo Ruiz-Castillo hizo unas declaraciones el pasado mes de marzo a El Nuevo Lunes en las que indicaba que "para realizar nuestra función deberíamos ser una secretaría de Estado". Según el director del INE, la nueva ley de la Estadística entraría en vigor el 1 de enero de 1988.
Por otra parte, el INE pasaría a convertirse en ente público, variando su dependencia orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda hacia el de Administraciones Públicas. En los últimos años, a raíz de las continuas polémicas existentes por los datos que proporciona el INE (fundamentalmente el censo, el índice de precios al consumo y la encuesta de población activa), diversas fuerzas políticas declararon su oposición a que el instituto dependiese directamente del ministro de Economía y Hacienda y propugnaron la necesidad de que se convirtiese en un organismo independiente de la Administración de turno. El lugar de adscripción más mencionado por estas fuerzas fue el Congreso de los Diputados. Según el proyecto conocido por este periódico, ahora se contempla su situación dentro del Ministerio de Administraciones Públicas. Joaquín Almunia, su actual titular, manifestó rotundamente desconocer esta reforma; según el ministro, nadie de su departamento ha participado en el proyecto.
La ley y el consejo
Dentro de la ley de Estadística figuraría también la creación de un Consejo Superior de Estadística, compuesto por personalidades de la Administración, catedráticos, etcétera, y, en general, por estadísticos reconocidos. La estadística española quedará regulada por un Plan Nacional de Estadística.Según el proyecto, la Secretaría de Estado de Estadística tendrá facultades de supervisión., de impartir criterios y jerarquía sobre los diferentes departamentos ministeriales en la elaboración de las estadísticas (lo que implica su superioridad, por ejemplo, sobre el paro registrado, que realiza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que en algunas ocasiones ha dado resultados contradictorios con la encuesta de población activa, del Instituto Nacional de Estadística).
También tendría competencias para relacionarse con los organismos internacionales homólogos.
Por último, se contempla un apartado muy significativo: la posibilidad de ajustar una norma que contemple las infracciones y sanciones estadísticas, de manera que las primeras puedan ser perseguidas con más racionalidad que hasta ahora. Según algunas fuentes, esto podría conllevar la modificación de algunos aspectos del Código Penal.