Raimundo Ortega critica la política sobre deuda pública

Raimundo Ortega, director general del Banco de España, valoró ayer negativamente la política gubernamental en torno a la deuda pública y afirmó que el Ministerio de Economía y Hacienda debería hacer más equitativas las normas fiscales y abandonar inmediata y definitivamente la vía del recurso al Banco de España para cubrir sus necesidades financieras.En su opinión, dicho recurso, además de presentar aspectos dudosamente legales de estimular la inflación, podría abocar al banco emisor a una grave situación de pérdidas en un plazo no muy largo. La deuda acumulada por el Tesoro con el Banco de Es...

Raimundo Ortega, director general del Banco de España, valoró ayer negativamente la política gubernamental en torno a la deuda pública y afirmó que el Ministerio de Economía y Hacienda debería hacer más equitativas las normas fiscales y abandonar inmediata y definitivamente la vía del recurso al Banco de España para cubrir sus necesidades financieras.En su opinión, dicho recurso, además de presentar aspectos dudosamente legales de estimular la inflación, podría abocar al banco emisor a una grave situación de pérdidas en un plazo no muy largo. La deuda acumulada por el Tesoro con el Banco de España supera largamente los 3,5 billones de pesetas sin intereses y sin plazo de devolución.

Raimundo Ortega, quien matizó que se expresaba a título personal y no como representante del Banco de España, intervino en el seminario sobre La nueva era de la deuda pública en España, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander, bajo la dirección del profesor Enrique Fuentes Quintana.

A partir de 1983 se adoptó por primera vez, según Ortega, una auténtica política de deuda pública, con la desaparición de los Certificados de Regulación Monetaria (CRM) y su sustitución por pagarés del Tesoro, y con la decisión del Tesoro de acudir en subasta a los mercados de capitales para buscar financiación. Sin embargo, para Ortega se insertó en el diseño de esta política una medida distorsionadora, al caerse en la tentación de atraer al dinero negro mediante ventajas de opacidad fiscal.

Ello dio lugar a que los poseedores de dinero negro aceptaran pagarés a largo plazo y con escasa rentabilidad, mientras que la entidades financieras, no interesadas en la ocultación, exigían pagarés a corto plazo y con intereses razonables. Como consecuencia, tomó forma una extraña composición de la deuda pública.

Neutralidad fiscal

Por otra parte, añadió Ortega, la reglamentación de la Ley de Activos Financieros de 1985 se ha erigido en una "complicada y rígida escolástica fiscal", que desvirtúa en parte el espíritu de la propia del que favorece la rigidez del mercado, frenando la creación de un mercado secundario estable y amplio para la deuda pública, "con lo que el Estado se perjudica a sí mismo, ya que en los próximos años el ritmo de apelación del Estado a los mercados de capitales será extenso, y no tendrá respuesta sin un mercado solvente.

Como fórmulas para reordenar el problema de la deuda, Ortega se refirió a dos puntos: la prohibición del recurso al Banco de España y una reforma de la reglamentación fiscal que asegure, la neutralidad de Hacienda en este terreno, poniendo fin a la discriminación de los activos mobiliarios -de más fácil control- frente a otros activos.

Respecto a la futura estructura de la deuda, Raimundo Ortega se declaró partidario de los activos a medio y largo plazo, que serían más manejables para los mercados secundarios y permitirían renunciar a a los coeficientes obligatorios de bancos y cajas de ahorro. La Administración debería comprometerse, además, a emplear unos instrumentos financieros claros para el público y asegurar al mercado un calendario previo de emisiones, abandonando el sistema de comisiones y empleando la subasta abierta como instrumento de emisión, amén de completar el sistema de anotaciones en cuenta.