Los propios sindicatos fijarían los límites y condiciones del derecho de huelga, según el subsecretario de Trabajo

ENVIADO ESPECIALEl Gobierno tendrá que regular el derecho de huelga, aunque sean los sindicatos quienes determinen en qué condiciones y qué limites tiene el ejercicio de este derecho, según manifestó Segismundo Crespo, subsecretario de Trabajo, en el transcurso de los Encuentros sobre el Derecho de Huelga y los Servicios Esenciales para la Comunidad, que ayer se iniciaron en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Crespo se mostró partidario de la autorregulación, pero aclaró que para que sea eficaz es necesaria la intervención de los poderes públicos. Los sindicatos se han ne...

ENVIADO ESPECIALEl Gobierno tendrá que regular el derecho de huelga, aunque sean los sindicatos quienes determinen en qué condiciones y qué limites tiene el ejercicio de este derecho, según manifestó Segismundo Crespo, subsecretario de Trabajo, en el transcurso de los Encuentros sobre el Derecho de Huelga y los Servicios Esenciales para la Comunidad, que ayer se iniciaron en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Crespo se mostró partidario de la autorregulación, pero aclaró que para que sea eficaz es necesaria la intervención de los poderes públicos. Los sindicatos se han negado a acudir a estos debates ante el temor de que su presencia sea interpretada como un apoyo a un eventual proyecto de ley de huelga.

El subsecretario de Trabajo afirmó que cualquier hipotético proyecto sobre el derecho de huelga -se negó en todo momento a confirmar si la intención del Gobierno era promulgarla debe procurar combinar los derechos de los trabajadores con los derechos de los ciudadanos. Y en esta línea, Segismundo Crespo defendió que una normativa semejante debe incluir la autorregulación. Es decir, la posibilidad de que los propios sindicatos pongan los límites al ejercicio del derecho de huelga. Pero el problema de la autorregulación, tal como apuntó Crespo, es que este sistema sólo obliga a los afiliados de los sindicatos que lo han acordado. Por ello sería necesario que los poderes públicos mantuvieran su intervención en un doble objetivo: por un lado, para dar cobertura legal al pacto de los sindicatos y hacer que tuviera eficacia general. Y, por otro, para determinar y cuantificar qué servicios esenciales deben funcionar en caso de conflicto, para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Porque el propio subsecretario advirtió que en nuestro país se está produciendo lo que él llamó "tercialización del conflicto" (la posibilidad se acentúa en los servicios públicos) y en este ámbito la existencia de sindicatos corporativos dificulta la eficacia general, de la autorregulación. Precisamente es en estos casos donde la intervención de los poderes públicos debe ampliarse a la cuantificación de qué servicios se mantienen en funcionamiento para que no se restrinja el derecho del ciudadano. En este sentido, Crespo señaló que las asociaciones de consumidores serán consultadas en la redacción de una hipotética ley de huelga.

El papel de las centrales

Segismundo Crespo recordó que el papel de los sindicatos no puede limitarse a cuestiones puramente laborales sino que también deben recoger entre sus reivindicaciones cuestiones de interés general. "Ciertas actuaciones sindicales en el sector público y ciertas formas de lucha", dijo, "han hecho más por el descrédito de los sindicatos que cualquier otra cosa".El debate sobre el derecho de huelga no está sólo planteado en España. Así, para el profesor Gido Giugni, catedrático de Derecho del Trabajo de la universidad de Roma, la regulación de la huelga es un tema de discusión en casi todos los países. Giugni se mostró partidario de la autorregulación y destacó que los límites de la misma se encuentran en la representatividad de quienes firman los acuerdos.

Los encuentros sobre el derecho de huelga se han visto envueltos en la polémica antes incluso de que se hayan iniciado. En principio estaba prevista la asistencia de patronal y sindicatos, pero ante la negativa sindical, el Ministerio de Trabajo, organizador de este foro, se ha visto obligado a pedir a la patronal que acuda sólo como oyente, para evitar un desequilibrio en las intervenciones. Así, lo que podía haber sido un rico debate se ha convertido en un monólogo en el que sólo se conocerán las teorías de relevantes profesionales del Derecho, pero en los que faltará la voz de los interesados.