Los militares argentinos analizan la 'ley de obediencia debida'
El general José Caridi, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra argentino, prometió a los mandos de esa fuerza reunidos en Buenos Aires durante dos días que se alcanzarán los objetivos últimos de "amnistía y reivindicación histórica de la guerra contra la subversión". El general Alberto Ramallo, asesor jurídico, aclaró a los generales y coroneles que dirigen las unidades de combate que, tras aplicarse la ley de obediencia debida, la mayoría de los juicios pendientes concluirán sin condena alguna para los procesados.Caridi recibió en su despacho al teniente coronel Aldo Rico, líder d...
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El general José Caridi, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra argentino, prometió a los mandos de esa fuerza reunidos en Buenos Aires durante dos días que se alcanzarán los objetivos últimos de "amnistía y reivindicación histórica de la guerra contra la subversión". El general Alberto Ramallo, asesor jurídico, aclaró a los generales y coroneles que dirigen las unidades de combate que, tras aplicarse la ley de obediencia debida, la mayoría de los juicios pendientes concluirán sin condena alguna para los procesados.Caridi recibió en su despacho al teniente coronel Aldo Rico, líder del motín que desató la llamada crisis de Semana Santa, y le pidió un "esfuerzo" que contribuya a recuperar la disciplina interna. Rico permanece prisionero en el casino de oficiales de Campo de Mayo, la unidad militar ubicada unos 40 kilómetros al noroeste de Buenos Aires donde se rindió el 19 de abril ante el presidente Raúl Alfonsín.
El Gobierno aún no ha podido reaccionar frente al tremendo impacto social que produjo la liberación de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos. El escritor Ernesto Sábato, que presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), reconoció que se siente "infinitamente triste y defraudado". Las organizaciones que reúnen a familiares y ex detenidos exigen que al menos se garantice la seguridad de aquellos que se decidieron a declarar en las audiencias.
El subsecretario de Estado para la Actividad Docente, Alfredo Bravo, renunció a su cargo en el Gobierno por haber llegado "al límite que la dignidad y la conciencia" le permiten. Bravo fue secuestrado y torturado por el comisario Miguel Etchecolat, segundo del temible general Ramón Camps en la policía de la provincia de Buenos Aires. Etchecolat, condenado a 23 años de prisión, fue liberado el martes al aplicar la Corte Suprema la ley de obediencia debida.
El juez Diego Peres, miembro de la Cámara Federal de Buenos Aires que enjuició a las tres primeras Juntas Militares de la dictadura, también renunció. Es el tercer miembro de ese tribunal que dimite.