González y Pujol se conceden un plazo hasta el otoño para abrir un nuevo clima entre sus administraciones

El presidente del Gobierno, Felipe González, y el de la Generalitat, Jordi Pujol, se dieron ayer mutuamente un plazo de varios meses, hasta el próximo otoño, para abrir un nuevo clima a las relaciones entre sus respectivas administraciones e intentar superar lo que el dirigente catalán considera que es "una política de laminación autonómica" que ha convertido a la autonomía y su estatuto en "algo irrisorio". Pujol animó al presidente del Gobierno a encontrar fórmulas de colaboración que permitan desbloquear y superar el evidente estancamiento de las relaciones mutuas. Pese al aparente fracaso ...

El presidente del Gobierno, Felipe González, y el de la Generalitat, Jordi Pujol, se dieron ayer mutuamente un plazo de varios meses, hasta el próximo otoño, para abrir un nuevo clima a las relaciones entre sus respectivas administraciones e intentar superar lo que el dirigente catalán considera que es "una política de laminación autonómica" que ha convertido a la autonomía y su estatuto en "algo irrisorio". Pujol animó al presidente del Gobierno a encontrar fórmulas de colaboración que permitan desbloquear y superar el evidente estancamiento de las relaciones mutuas. Pese al aparente fracaso de su entrevista con Felipe González en el palacio de la Moncloa, Pujol, a la salida, hizo un canto al optimismo y la calificó públicamente como "cordial y estimulante".

El presidente del Gobierno rechazó contundentemente y punto por punto la apreciación de Pujol de que el estatuto catalán ha sido vulnerado en sus aspectos fundamentales por la Administración central, y también que su promulgación, en 1979, fuese un pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas, incluida el PSOE. Jordi Pujol arrancó de Felipe González, después de más de dos horas y media de reunión, el acuerdo para un nuevo encuentro en otoño así como un único compromiso concreto: la llamada Comisión de Cooperación se reunirá a partir de ahora quincenalmente -hasta ahora prácticamente no ha entrado en funcionamiento- para buscar puntos de acuerdo entre ambas administraciones sobre el amplio paquete de temas conflictivos (entre otros, los recursos al Tribunal Constitucional, la culminanción de las transferencias pendientes y la solución a los problemas finacieros aparcados, los llamados flecos). Forman parte de esta comisión cuatro representantes de la Administración central, bajo la dirección del ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, y otros tantos de la Generalitat, bajo la presidencia de Miquel Roca, al que Pujol inviste con un destacado papel negociador en detrimento del conseller Maciá Alavedra.

La audiencia real

Pujol aseguró que el presidente del Gobierno no le había expresado durante la entrevista ningún malestar del Gobierno por el carácter que había dado a su audiencia del pasado lunes con el rey Juan Carlos. Por primera vez, habló extensamente de ese encuentro con el Monarca para defender la validez de la información que le había transmitido "sin intermediarios", y rechazó que con su actitud hubiera querido involucrar a la Corona en sus críticas a la política autonómica del Gobierno.Según Pujol, el problema autonómico afecta al Estado y no solamente al Gobierno, ya que "no es simplemente un problema político y administrativo". "He querido decirle al Rey: usted que es el garante del Estado, sepa que las cosas están así". Y así, según Pujol, es que las cosas en el aspecto autonómico no van bien, y que si el Gobierno socialista no da un giro importante, la Generalitat se verá obligada a denunciar el estatuto.

Señaló también Pujol que el hecho diferencial catalán afecta decisivamente a la estructura de todo el Estado, por lo que la audiencia con el Rey "está situada en el nivel que tiene que estar". "El estatuto es un hecho de una enorme trascendencia histórica y por ello los temas que a él afectan deben ser explicados a la figura que encarna el Estado", aseguró. Pese a ello, insistió en que la Generalitat conocía y respetaba el reparto de papeles que fija la Constitución y que no había por su parte una voluntad de involucrar a la Corona. "Las cosas [autonómicas] no van bien y las discutiremos con el presidente del Gobierno . Pero el Rey debe saber que están así", finalizó.

Pujol aceptó en la reunión de ayer la creación del observador comunitario, una figura que representará con voz pero sin voto a las comunidades autónomas en las negociaciones con la Comunidad Europea (CE). Como contrapartida, González consintió en trasladar a la Comisión de Cooperación el debate sobre la viabilidad del Tren de Gran Velocidad (TGV), que la Generalitat pretende llevar hasta Barcelona extendiendo el tramo actual entre París y Lyon.

En un esfuerzo por tender puentes de diálogo con el Gobierno, Pujol ofreció su colaboración para superar las dificultades actuales y el momento de tensión que viven varios sectores básicos de la sociedad española. "La situación del país es sensiblemente mejor que la imagen errónea que con la lectura de los conflictos puede apreciarse", declaró.

Un ejemplo del grado de preocupación que existía en el Gobierno ante las declaraciones que pudiera hacer Pujol fue la presencia de un miembro de la Oficina del Portavoz del Gobierno en la oficina de la Generalitat en Madrid.